La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió violaciones a las garantías individuales en Michoacán derivado de la deficiencia de las autoridades municipales, estatales y federales para brindar seguridad, lo cual derivó en la aparición de grupos de autodefensas.
En su Informe Especial sobre Michoacán, presentando el jueves por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que la presencia de autodefensas en la entidad se extendió a 56 por ciento de su territorio, en un total de 33 municipios.
De la actividad delincuencial identificó a 3 mil 27 víctimas y se emitieron 55 observaciones a autoridades locales y federales.
El ombudsman aseguró que hay avances para superar las condiciones económicas y de inseguridad que dieron origen a la situación de violencia en Michoacán, pero afirmó que aún son insuficientes.
Para la CNDH la autodefensa no es una solución a los problemas de seguridad, porque es el Estado el que debe proveer de seguridad, sobre todo ante la delincuencia organizada.
Incluso entre las 55 recomendaciones emitidas a diversas instancias locales y federales solicitó indagar el origen de las armas y el financiamiento al que tuvieron acceso los grupos de autodefensa, así como los señalamientos sobre su presunta pertenencia a bandas de la delincuencia organizada.
La comisión también alertó la posible infiltración por parte de miembros de la delincuencia organizada a los grupos de autodefensa que hoy integran la Fuerza Rural Estatal.
En conferencia de prensa, González Pérez fue interrogado respecto del enfrentamiento entre policías y normalistas de Ayotzinapa que tuvo lugar la noche del miércoles, pero no quiso adelantar ninguna acción a cargo de la CNDH y se limitó a decir que el primer visitador está a cargo.
Asimismo, se refirió a la respuesta que le envió la noche del miércoles la Procuraduría General de la República sobre el informe especial del caso Iguala, pero dijo que llegó muy tarde y apenas lo revisarían, pero descartó que haya algún tipo de enfrentamiento entre la CNDH y la PGR.
El ombudsman señaló que las afectaciones de los derechos humanos en Michoacán son responsabilidad de las autoridades municipales y estatales que no previeron las condiciones para que no escalara la violencia.
El informe de la CNDH señaló que las causas del conflicto michoacano son la falta de oportunidades, ausencia de métodos de control de autoridades municipales y estatales, así como la necesidad de depurar a las instituciones de procuración de justicia.
De las 55 observaciones de la comisión siete van dirigidas a la PGR, cinco a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al gobierno estatal, cuatro a su congreso, 12 a los municipios y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
