De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General del Estado, durante el primer trimestre de 2026, se iniciaron en Tuxtla Gutiérrez 45 carpetas de investigación por delitos sexuales, lo que colocaría a la capital como el municipio con mayor incidencia en Chiapas.
Entre los expedientes se encuentran 15 investigaciones por violación y 11 por abuso sexual. En este último delito, con un incremento del 57 por ciento, principalmente en agravio de mujeres jóvenes y personas menores de edad.
Te recomendamos ..
La abogada litigante María de Jesús Hernández Díaz, quien trabaja de manera independiente y brinda acompañamiento jurídico a la Fundación Granito de Arena, detalló que los casos de abuso sexual infantil y pederastia representan una problemática cotidiana en Chiapas que frecuentemente permanece oculta hasta que alguno se vuelve mediático.
Al referirse al reciente caso de un menor presuntamente agredido sexualmente en Sabanilla, señaló que la difusión del hecho en redes sociales provocó una rápida intervención de las autoridades. Sin embargo, sostuvo que numerosas víctimas enfrentan situaciones similares sin recibir la misma atención institucional.
Estas agresiones no ocurren únicamente en espacios públicos, pues en numerosos casos se presentan dentro del núcleo familiar o entre personas que forman parte de la red de confianza de niñas, niños y adolescentes.
Urgen justicia con perspectiva de infancia
Pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo reforzar las políticas de prevención y protección de las infancias, al señalar que existen víctimas de edades muy tempranas que no tienen posibilidades de identificar la agresión, defenderse o denunciar por sí mismas.
Recalcó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual la percepción de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez pasó de 64.7 a 70.6 por ciento.
Consideró que parte del temor ciudadano está relacionado con la desconfianza de las víctimas ante la posibilidad de que una denuncia no concluya en justicia.
Afirmó que uno de los principales obstáculos para las víctimas es la denominada violencia institucional, la cual puede manifestarse durante la presentación de denuncias, la integración de las investigaciones o las distintas etapas del proceso judicial.
La abogada solicitó que las autoridades analicen cada caso con perspectiva de infancia, valoren adecuadamente el testimonio de las víctimas y consideren los riesgos que una resolución absolutoria podría representar para ellas y sus familias.
DG
