Después de una reunión con autoridades de Michoacán, un grupo de 38 personas abordó el autobús con el que se había trasladado desde la comunidad purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, a Morelia.
El motivo del encuentro aquel 4 de abril de 2017 con el entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, era resolver un conflicto agrario que se había extendido por décadas entre habitantes de Arantepacua y pobladores de la vecina localidad de Capácuaro.
Cuando la comitiva se dirigía de regreso a Arantepacua, un grupo de policías estatales detuvo el vehículo, golpeó a sus ocupantes y los trasladó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Sin motivo aparente, los 38 comuneros fueron agredidos y acusados de robar el autobús y de secuestrar al chofer, según hallazgos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al día siguiente, la comunidad envió a un segundo grupo para exigir la liberación de sus representantes y bloqueó la Carretera Federal 14D para protestar contra la actuación policial. La respuesta de los elementos de seguridad derivó en un trágico episodio que, nueve años después, puso en la mira al entonces gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
¿Cómo ocurrió la masacre de Arantepacua?
Juan Bernardo Corona Martínez, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), recibió una llamada anónima la noche del 4 de abril de 2017 en la que le advirtieron que los habitantes de Arantepacua habían retenido varios vehículos, al igual que a dos personas.
Con dicha información en sus manos, el gobierno estatal, a través de la SSP y la Procuraduría, desplegó un operativo que involucró a 300 elementos —incluidos 200 miembros del grupo antimotines— y diversas unidades, entre las que destacó un vehículo blindado pesado tipo Rhino.
Aunque los testimonios recogidos por la CNDH difieren respecto a la hora en que el contingente policial llegó a la comunidad, se estableció que al notar la cercanía del convoy, los pobladores que bloqueaban la carretera lanzaron cohetones al aire para pedir ayuda ante la posibilidad de ser desalojados.
Para dispersar a los comuneros durante su ingreso a Arantepacua, los policías usaron gases lacrimógenos. Los primeros disparos de arma de fuego se comenzaron a escuchar minutos después, aunque la CNDH ha explicado que no hay certeza sobre quién las accionó primero.
Durante las primeras dos horas del operativo, el personal policiaco detuvo a 10 personas. Según el informe de los agentes, se trataba de comuneros que se encontraban en la vía pública "en posesión de armas de fuego", pero después se documentó que, en realidad, la mayoría de los detenidos estaban en sus domicilios.
"Los policías arrojaron gases lacrimógenos y realizaron disparos al interior de las viviendas con la finalidad de que las personas salieran y fue en ese momento que se realizaron las detenciones", estableció la CNDH.
En algún momento, la SSP reclasificó la situación como un "enfrentamiento con grupos armados", por lo que solicitó apoyo al personal policiaco de los municipios aledaños. En este contexto, se identificó la presencia de agentes ministeriales armados, vestidos como civiles y a bordo de camionetas blancas, además de un helicóptero azul que dotó de más armas y municiones a los elementos en tierra.
???? A 9 años de la masacre en la localidad de Arantepacua, comuneros se manifestaron en Morelia para exigir justicia. Los inconformes pidieron negar amparos al ex gobernador Silvano Aureoles y a Juan Bernardo Corona, a quienes acusan del asesinato de 4 comuneros.
— Milenio (@Milenio) April 7, 2026
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Al reconstruir el caso, la CNDH determinó que el primer lesionado por disparo de arma de fuego fue un policía estatal, mientras que el primer civil asesinado fue agredido por un agente con un arma larga. La víctima, quien no había accionado ningún arma, murió poco después de haber sido trasladado al Hospital Civil de Uruapan.
Las detonaciones, agresiones y el lanzamiento de gases lacrimógenos se extendieron por aproximadamente tres horas, según los datos proporcionados por la Comisión. El saldo de aquel operativo fue de un agente y cuatro comuneros muertos, 37 personas lesionadas y actos constitutivos de tortura contra las 10 personas detenidas.
Hay 16 ex funcionarios en la mira por la masacre, incluido Silvano Aureoles
El 26 de marzo de 2026, la Fiscalía de Michoacán logró que un juez emitiera órdenes de aprehensión contra 16 ex servidores públicos estatales por homicidio, abuso de autoridad y tortura.
Según revelaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, uno de los mandamientos judiciales por homicidio fue librado contra el ex mandatario Silvano Aureoles, quien aparentemente huyó del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Juan Bernardo Corona, ex secretario de Seguridad, también figura en la lista de personas en la mira de las autoridades. El resto de las órdenes de captura apuntan a elementos de la Policía Estatal que participaron en el operativo de Arantepacua.
BM.
