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Organizaciones civiles informaron que de junio de 2012 a mayo de 2014, se documentaron 32 casos de defensores de derechos humanos que fueron ejecutados en México.
Los estados que registraron el mayor número de ejecuciones fueron Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según cifras del Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Pilar Tavera, integrante de Propuesta Cívica, organización de la sociedad civil creada en 2005, presentó el informe en el que dio a conocer que 59 casos de solicitantes de protección por parte del Mecanismo Federal de Protección han recibido la atención requerida.
En la presentación realizada en el Claustro de Sor Juana, Alberto Solís, de Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), consideró que este mecanismo de protección “no ha logrado la implementación correcta” a casi tres años de su operación, para que realmente proteja a defensores y periodistas.
A su vez, Fernando Ríos secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, mencionó que se han incrementado las denuncias de violaciones a derechos humanos y ataques, desapariciones forzadas y asesinatos contra defensores.
Fernando Ríos dijo que ediles, gobernadores, funcionarios públicos de Profepa, entre otros, además del crimen organizado, grupos homofóbicos y xenofóbicos, son los que agreden a los defensores de derechos humanos.
Javier Hernández, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos, destacó la labor de las organizaciones civiles para la creación del mecanismo de protección por ello, dijo que en estos momentos no se puede abandonar ni el mecanismo, ni los esfuerzos que se han realizado.
“No sólo es un informe de crítica, sino es el reflejo del grado de madures al que ha llegado una comunidad para aportar y decir no queremos más agresiones. Se entiende que eso genere descontentos por ello, es necesario ampliar el debate de lo que pasa y mejorar la política pública”, dijo representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
