Un juez federal determinó que las asambleas generales de condóminos no pueden impedir que los propietarios puedan rentar sus departamentos para estancias turísticas eventuales mediante Airbnb.
Hugo Roberto Pérez Lugo, juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, amparó a la dueña de dos departamentos que se localizan en el desarrollo residencial Agatha del Valle, en la colonia Xoco, a un costado de Plaza Universidad.
El juzgador señaló que los reglamentos internos pueden establecer mecanismos para proteger la seguridad y convivencia de los habitantes, pero no imponer prohibiciones que restrinjan injustificadamente el uso de la propiedad privada y la libertad de trabajo.
Pérez Lugo estimó que restringir la renta a corto plazo de los departamentos vulnera los derechos de propiedad privada y libertad de trabajo, porque impide a los propietarios disponer de sus inmuebles y desarrollar una actividad económica lícita.
“A mayor abundamiento, este juzgador federal estima que, desde un punto de vista constitucional, la asamblea de condóminos no tiene facultades para limitar el uso y goce de la propiedad privada de los dueños de las unidades privativas. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado es el único que tiene el derecho de imponer a la propiedad privada modalidades e incluso este solo puede hacerlo por causas de interés público, por lo que es claro que si esa facultad está acotada para el Estado, desde luego que los particulares no pueden imponer prohibiciones, pues la propiedad privada sólo está limitada en nuestro sistema jurídico por su función social”, detalla la sentencia.
De acuerdo con el expediente, la quejosa adquirió dos departamentos y los destinó a la modalidad de estancia turística eventual mediante Airbnb.
El 29 de abril de 2025, la asamblea general de condóminos aprobó una modificación al reglamento interno que prohibió a los propietarios rentar sus unidades por periodos cortos a través de plataformas digitales.
La propietaria alegó que esa decisión excedía las facultades de la asamblea, además de afectar sus derechos de propiedad, libertad de trabajo y comercio.
Ante esa situación, el 19 de septiembre de 2025 promovió un amparo que fue admitido a trámite y que ahora fue resuelto a su favor.
En la sentencia, el juez reconoció que los condóminos tienen razones legítimas para buscar mayor seguridad y evitar el desgaste de las áreas comunes, pero consideró que existen alternativas menos restrictivas, entre ellas, establecer controles de acceso para los huéspedes, llevar un registro de las personas que ocupen los departamentos y solicitar documentos oficiales de identificación y datos de contacto.
Además, de restringir el acceso de los huéspedes a pisos distintos al departamento rentado.
También obligar a los propietarios a informar anticipadamente sobre los arrendamientos; establecer mecanismos para reportar irregularidades y mal uso de las áreas comunes.
Asimismo, recordó que la Ley de Turismo de la Ciudad de México ya contempla obligaciones para los anfitriones, como registrarse en el padrón correspondiente, informar a los vecinos y garantizar condiciones de seguridad.
Airbnb, tema pendiente en la Corte
Es de mencionar que el tema de las rentas de viviendas mediante plataformas digitales, como Airbnb, será tema de discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en próximos meses.
En la última semana de octubre del presente año, el Pleno decidió reasumir su competencia para conocer un amparo en revisión que impugna restricciones impuestas en la Ciudad de México y que, según la quejosa, vulneran la libertad de comercio y la libre competencia.
Los ministros tendrán que determinar si son constitucionales las reformas a la Ley de Turismo de la capital y a su reglamento.
En la demanda de garantías se reclaman las disposiciones que limitan a 182 noches al año la ocupación de inmuebles destinados a estancias turísticas eventuales y establecen que cada anfitrión puede registrar un máximo de tres propiedades.
La regulación también prohíbe utilizar para este propósito viviendas de interés social y aquellas reconstruidas después del sismo de 2017, además de establecer la inscripción obligatoria en un padrón de anfitriones.
La reasunción de competencia fue impulsada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Giovanni Figueroa Mejía.
ROA
