Un juez federal otorgó un plazo de diez días a las autoridades médicas de Aguascalientes para que a una menor de edad, quien fue víctima de violación, se le practique la interrupción legal del embarazo.
La madre de la niña, según consta en la denuncia, acudió a la asociación civil Morras Help Morras para solicitar asesoría ante la negativa de las autoridades de interrumpir el embarazo de su hija.
Indicó que el secretario de Salud y el director general del Instituto de Servicios de Salud, ambos de Aguascalientes, argumentaron que no cuentan con personal no objetor de conciencia.
En los resolutivos, el juez destacó que la demora injustificada para practicar tal procedimiento a la menor vulnera su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos.
También sostuvo que la autoridad responsable está obligada a contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia o, en una eventualidad, tener ubicada una unidad de salud que cuente con personal e infraestructura para llevar a cabo el procedimiento en condiciones de seguridad y calidad.
Recordó que la Norma Oficial Mexicana establece y regula la interrupción del embarazo tratándose de violación.
La asociación civil presentó una demanda de amparo sobre la base de un interés legítimo, alegando que acude en defensa hechos relacionados con el objeto social para el cual fue constituida.
El juzgador federal concedió la suspensión para que en un plazo de diez días se le practique a la menor la interrupción legal del embarazo, para lo cual las autoridades responsables deberán buscar de forma inmediata dentro o fuera de la entidad personal capacitado no objetor de conciencia.
También deberán cumplir con lo establecido en la norma oficial, obteniendo el consentimiento de la menor, a través de su representante legal, y otorgar información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de procedimiento.
Las autoridades tienen que informar al juzgado el cumplimiento de la suspensión.
El juez ordenó a la asociación civil ser el conducto para que la menor acuda en la fecha que señalen las autoridades a realizarse la interrupción legal del embarazo.
OMZI