Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteará negar un amparo a un hombre que fue imputado por el presunto delito de corrupción de menores e incapaces, quien busca que su proceso se resuelva mediante un procedimiento abreviado para reducir su pena de prisión.
El proceso se lleva a cabo en el estado de Aguascalientes y se inició en el sistema penal mixto, el cual estuvo vigente antes de la reforma constitucional que dio paso al actual sistema de justicia penal acusatorio y oral.
Sara Irene Herrerías Guerra, ministra ponente, propondrá al pleno negar la protección de la justicia, porque menciona que no se pueden equiparar los dos sistemas de justicia y además, el delito está tipificado como grave.
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Caso de explotación infantil
De acuerdo con el expediente previsto para discutirse el lunes 9 de noviembre, se presume que el hombre, en junio 2013, indujo a dos niños que son sus sobrinos, a realizar actos de exhibicionismo en su domicilio, entregándoles diez pesos cada vez que accedían a diversas conductas sexuales mientras veían películas.
Por estos hechos, el 28 de octubre de 2022, una jueza penal dictó auto de formal prisión por la posible comisión del delito de corrupción de menores e incapaces.
Sin embargo, el imputado obtuvo un amparo que dejó sin efecto el auto de formal prisión, porque un juez de Distrito señaló que se debía fundar y motivar la decisión.
Por ello, en una nueva audiencia realizada el 14 de abril de 2023, la jueza penal dictó auto de formal prisión.
Posteriormente, el inculpado solicitó someterse a un procedimiento abreviado.
La jueza dijo que no, porque el delito previsto en el artículo 172 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, está tipificado como grave.
Inconforme, el quejoso promovió un amparo y un juez federal rechazó concederle la protección, lo que provocó que el caso llegara a la Corte.
El probable responsable alegó que la restricción del artículo 172 es inconstitucional y discriminatoria, pues le impide acceder al procedimiento abreviado a quienes enfrentan acusaciones por delitos graves, aunque cumpla con los requisitos legales.
También argumentó una violación al principio de progresividad, al señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) no contempla una restricción equivalente. Incluso invocó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionados con las restricciones automáticas basadas en la gravedad del delito.
Propuesta de la ministra de la SCJN
Irene Herrerías planteará declarar infundados cada uno de los argumentos del quejoso.
La ministra señaló que el procedimiento abreviado en el artículo 172 no es equivalente al procedimiento del mismo tipo, pero del sistema penal acusatorio.
Explica que se trata de una figura del sistema penal mixto, diseñada para simplificar la etapa de instrucción y permitir una resolución más rápida bajo determinadas condiciones.
Por ello, consideró que no era válido comparar automáticamente esa figura con las instituciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues pertenecen a modelos procesales distintos.
Asimismo, menciona que no se vulneran los derechos del hombre, porque la limitación para delitos graves ya estaba contemplada en la legislación anterior de Aguascalientes.
“La medida no resulta desproporcionada. La porción normativa impugnada no priva al inculpado del derecho a ser oído por una autoridad judicial, ni del derecho a ofrecer pruebas, formular conclusiones, contar con defensa adecuada o ser juzgado dentro de los plazos constitucionales.
“Su efecto consiste únicamente en excluirlo de una vía especial de abreviación procesal y de la eventual reducción punitiva asociada a ésta, cuando el delito atribuido se encuentra legalmente clasificado como grave”, detalla el proyecto.
RM
