Las primeras denuncias que dieron pie a la investigación por una presunta red de extorsión desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México apuntan a siete empresas de verificación vehicular que habrían sido obligadas a entregar cuotas para continuar con sus operaciones.
Además, las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificaron otro frente, la posible intención de los involucrados de quedarse con la operación de otros cinco verificentros mediante modificaciones a sus concesiones.
Extorsionaban verificentros de 6 municipios de Edomex
Los siete verificentros forman parte de las primeras denuncias documentadas en la investigación, por lo que la Fiscalía todavía debe establecer cuántos concesionarios y establecimientos más pudieron ser afectados por el esquema.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), los centros señalados en estas primeras investigaciones se encuentran en Ixtapaluca, Coacalco, Naucalpan, La Paz, Toluca y Tultitlán; en uno de estos municipios habría más de un establecimiento relacionado con la denuncia.
La información expuesta durante la última audiencia judicial, en noviembre de 2023, Raúl 'N', quien entonces se desempeñaba como Director General de Control de Emisiones Atmosféricas, habría exigido, mediante un tercero, el pago de una cuota mensual por los siete verificentros.
La condición, de acuerdo con la imputación, era permitirles continuar con sus actividades; en caso de negarse, los concesionarios habrían enfrentado amenazas de desactivación del sistema de verificación, falta de revalidación de las autorizaciones de funcionamiento o el cierre de los establecimientos.
La investigación de la Fiscalía indica que el esquema habría utilizado distintos mecanismos para presionar a los concesionarios. Entre ellos se encuentran la suspensión remota del sistema que permite operar a los verificentros, restricciones para obtener hologramas y obstáculos en los procesos de revalidación, además de exigencias económicas relacionadas con el número de verificaciones y las líneas de operación.
El expediente también refiere que, en diciembre de 2023, Raúl 'N' habría convocado a propietarios, representantes y administradores de verificentros a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México, donde presuntamente se planteó el pago de 200 mil pesos mensuales por cada establecimiento. Posteriormente, las exigencias habrían incluido un supuesto pago “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por verificentro.
Red buscaba extender sus extorsiones a otros 5 verificentros
Pero las indagatorias no se limitan a las empresas que habrían sido víctimas de las cuotas. La Fiscalía identificó una segunda vertiente del esquema: el intento de quedarse con la operación de otros centros mediante modificaciones a sus concesiones.
De acuerdo con la FGJEM, algunos concesionarios habrían sido presionados para ceder porcentajes de sus empresas, mientras que los involucrados habrían obstaculizado procesos de revalidación y ocultado información sobre los periodos para realizar los trámites. La investigación señala que, una vez obtenidas las concesiones, estas podían ser expedidas por periodos variables de seis a 12 meses.
Como parte de esta línea, entre el 10 y el 14 de agosto la Fiscalía aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con establecimientos que comenzarían a operar bajo administraciones afines a los involucrados. Dos se encuentran en Nezahualcóyotl y uno en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, respectivamente.
Estos cinco centros no corresponden necesariamente a los siete verificentros señalados como víctimas en las primeras denuncias. Se trata de otra vertiente de la investigación, relacionada con la posible apropiación o control de establecimientos mediante modificaciones a las concesiones.
La Fiscalía también investiga si existen más verificentros afectados. El Estado de México cuenta con 163 centros de verificación y 878 líneas de operación, por lo que la propia autoridad advirtió que todavía debe determinarse el alcance del esquema y cuántos establecimientos pudieron haber sido víctimas de las presuntas prácticas extorsivas.
EL DATO..¿Cuánto dinero generaba la red de extorsión?
Entre las exigencias detectadas destaca una que habría sido planteada en marzo de 2026 que sería de 500 mil pesos por cada línea de verificación para cubrir revalidaciones autorizadas desde 2024. Con las 878 líneas que actualmente operan en la entidad, la Fiscalía estableció que esa exigencia habría representado una pretensión de más de 430 millones de pesos adicionales a las cuotas mensuales y otros pagos que ya se habrían impuesto.
Raúl 'N' y Carlos Eduardo 'N' fueron detenidos el 10 de agosto y posteriormente vinculados a proceso; al primero se le atribuye el delito de extorsión agravada y al segundo, abuso de autoridad. Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada.
Sin embargo, la investigación continúa. Las siete empresas señaladas en las primeras denuncias representan sólo una parte de los posibles afectados, mientras la Fiscalía busca establecer cuántos verificentros fueron sometidos a las presuntas cuotas, cuántos enfrentaron obstáculos para operar y hasta dónde llegó el intento de controlar establecimientos mediante concesiones modificadas.
PNMO
