La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford solicitaron a la Cámara de Diputados rechazar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar el presupuesto del Poder Judicial Federal para el ejercicio fiscal de 2024.
El presupuesto solicitado por el PJF es de 84 mil 792.4 millones de pesos, de los cuales 6 mil 109.1 pesos corresponderían para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 74 mil 793.3 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Víctor Oléa Peláez y Amrit Singh, presidente de la BMA y directora ejecutiva del Laboratorio, respectivamente, enfatizaron que un poder judicial independiente y adecuadamente financiado es crucial para mantener el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.
“Esto es especialmente cierto en México, donde más de 100 mil personas han desaparecido, donde los índices superan los 30 mil homicidios anuales y más de 75 mil mujeres son víctimas de delitos cada año. De ser aprobados, los recortes presupuestarios propuestos denegarían justicia a miles de víctimas y socavarían la capacidad del Poder Judicial Federal para hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad de México”, advirtieron.
Asimismo, mencionaron que, el Estado de Derecho, custodiado por un poder judicial independiente y adecuadamente financiado, también es necesario para promover la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad.
“En particular, los recortes presupuestales obstaculizarían las propias reformas de justicia del Estado, relacionadas con el derecho laboral, civil, penal y familiar, las cuales no pueden implementarse sin fondos suficientes y son esenciales para llevar justicia a miles de mexicanas y mexicanos. Es imperativo que la Cámara de Diputados actúe con responsabilidad y evite un recorte presupuestal que atente contra el Estado de Derecho en México”.
Subrayaron que el acceso a la justicia debe garantizarse como un derecho y “no debe ser objeto de cálculos políticos”.
Por este motivo, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe con responsabilidad y evite un recorte presupuestal que atentaría contra el Estado de Derecho en México.
GGA
