La encuesta intercensal 2025 del INEGI, publicada esta semana, le pone números a una realidad que ya conocíamos: el número de hablantes de lenguas indígenas en México sigue disminuyendo. En 2010, 6.6% de la población de tres años o más hablaba alguna lengua indígena. En 2015, fue el 6.5%; en 2020, el 6.1% y en 2025, el 5.9%.
Los descensos son todavía más dramáticos si los consideramos por estado: mientras que en 2015, el 32.2% de la población de Oaxaca, el 28.9% de la población de Yucatán y el 27.9% de la población de Chiapas (de tres años y más) hablaban una lengua indígena, en sólo diez años este porcentaje ha cambiado: ahora es el 29% de la población de Oaxaca y Chiapas, y apenas el 21.4% de Yucatán.
Una hipótesis inevitable para explicar estos cambios acelerados a la baja en Oaxaca y Yucatán, en contraste con Chiapas, es que la pérdida de la lengua puede estar vinculada con los megaproyectos que impulsaron desarrollo económico en los dos primeros estados -el tren interoceánico en Oaxaca y el tren maya en Yucatán-, mientras que en Chiapas no ha habido un desarrollo de infraestructura comparable.
Es sabido, por los estudios de algunos investigadores de El Colegio de México, que la movilidad social tiene un efecto negativo sobre la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas: mientras mejores las condiciones socioeconómicas que alcancen los padres, menores las probabilidades de que transmitan su lengua indígena a los hijos. Si los proyectos de desarrollo llevados a Oaxaca y Yucatán en los últimos años tuvieron algún impacto positivo sobre la movilidad social, es posible que este mismo impacto haya afectado negativamente la transmisión intergeneracional de la lengua indígena. Como lo dije, esto es una mera hipótesis, sujeta a comprobación, que explicaría el contraste entre Oaxaca y Yucatán, por un lado, respecto a Chiapas, por el otro.
La tasa de fecundidad, por cierto, no puede explicar por sí sola la disminución del porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, pues aunque ésta ha disminuido globalmente, suele ser mayor entre la población hablante de lengua indígena que en la población general.
La razón más evidente para que las lenguas indígenas continúen su sostenido y predecible camino al silencio es la consabida historia de discriminación y racismo asociada a su uso. Los hablantes de lenguas indígenas no transmitirán su lengua a otras generaciones mientras consideren que hacerlo les pone (a ellos y a su descendencia) en riesgo de ser discriminados.
Si se busca seriamente revertir el desplazamiento y la subsecuente extinción de las lenguas indígenas, es necesario implementar políticas que incentiven su uso en espacios públicos, en espacios oficiales vinculados a derechos -como las escuelas y los centros de salud-, y en los medios de alcance masivo, como la radio, la televisión y los medios digitales.
Además de incentivar el uso, transmisión y aprendizaje de las lenguas indígenas, hace falta prestigiarlas y concebirlas como un elemento de mérito: en este país, hablar una lengua indígena debería considerarse una ventaja cognitiva, un activo cultural y una habilidad profesional, nunca un estigma.
En la educación superior a menudo se exige que los estudiantes cubran el requisito de dominar, al menos en parte, una lengua “extranjera”. Por ejemplo, se les pide que aprueben un examen de comprensión de lectura en inglés, francés o alemán, o que presenten algún comprobante que acredite que tienen algún tipo de habilidad o conocimiento de estas lenguas.
Sin embargo, cuando los estudiantes dominan desde la infancia una lengua indígena, y cursan sus estudios entendiendo, hablando, leyendo y escribiendo en español, no se reconocen sus habilidades como personas bilingües y de todos modos se les exige el trámite de acreditar una lengua extranjera -casi siempre una lengua europea-, como si la lengua que traen de casa más el español que aprendieron en su entorno social y académico no fueran suficientes para cubrir el requisito.
Dominar una lengua indígena es una habilidad cognitiva tan compleja y completa como dominar una lengua europea. Las normativas de la educación superior no deberían sustraerse a la evidencia científica y a un mínimo sentido de justicia social que les permita reconocer esta verdad palmaria. Para no ser testigos pasivos de la extinción de la diversidad lingüística de México, deberíamos impulsar una política educativa que reconozca, también en la educación superior, la complejidad, la riqueza y el prestigio de las lenguas indígenas y la ventaja cognitiva y profesional que su conocimiento implica para quienes las hablan.
