El gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a la mitad de su periodo. Hay haberes evidentes, aunque polémicos, como las reformas estructurales y la estabilidad económica. Hay fallas también evidentes y graves, como la tragedia de Ayotzinapa y la segunda fuga del Chapo.
Las reformas constitucionales realizadas en los dos primeros años del sexenio son cambios de fondo que culminan un proceso iniciado el primero de diciembre de 1982: el fin de los gobiernos que se legitimaron bajo el ambiguo manto llamado revolución mexicana. Un final muy largo. Las reformas de Peña Nieto acabaron con los últimos pilares del régimen de la posrevolución: los monopolios en hidrocarburos y electricidad y la no reelección en todos los cargos elegibles.
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fueron, en su momento, grandes logros del Estado mexicano. Pusieron en sus manos los monopolios de la producción y venta de hidrocarburos y energía eléctrica. Con el tiempo su carácter monopólico y la ineficiencia que implica pesaron más que el orgullo nacionalista que generaba su propiedad estatal.
Muchos cambios dieron lugar a este cambio. Quizá más en el ámbito internacional que en el interno. El cambio del balance entre Estado y mercado a favor del segundo, por ejemplo. El fin de los regímenes que habían abolido el mercado para concentrar la economía en el Estado, como consecuencia de lo anterior. La relativa disolución de los intereses e identidades nacionalistas.
Fuera del orgullo nacionalista, acompañado de la exigencia de identificar a la nación con el Estado, había ya poco que defender en estas dos empresas. Generosas con la mayoría de sus empleados y funcionarios, estaban lejos de generar bienes públicos para la sociedad. Lo que no significa que no haya un riesgo en entregar la riqueza que manejaban a empresas privadas, solo interesadas en el lucro. Ahí hay grandes desafíos para el legislador.
La parte específicamente política de las reformas de Peña Nieto vinculada con el fin de la herencia de la revolución, o de la ideología fundada en ella, es la aprobación de la reelección inmediata para diputados y miembros de cabildo. Hay que recordar que la no reelección en estos cargos no fue una demanda de la lucha revolucionaria: la propuesta de Madero se limitaba al presidente de la República. La no reelección de diputados y cabildos viene de los años treinta y fue clave para el control de la clase política por parte del partido hegemónico, llamado por algunos "casi único". Fue una pieza del mecanismo autoritario.
En la parte educativa la profesionalización de los profesores encargados de la educación pública también es en cierto sentido un golpe al nacionalismo revolucionario, a la ideología en la que se fundó el viejo régimen mexicano. Primero porque afecta, o debería afectar, los intereses de una corporación, el sindicato de trabajadores de la educación. El antiguo régimen tuvo rasgos corporativos. Los grandes sindicatos y las confederaciones fueron uno de sus pilares.
La profesionalización de los profesores, que pasa por la evaluación pero que es mucho más que ella, orientará las lealtades de la organización y sus redes clientelares al mérito. Si es que funciona como debería y no da lugar a nuevas formas de clientelas.
El fin de los grandes monopolios privados en televisión también puede considerarse un rasgo del régimen posrevolucionario, y es de esperar que las reformas mencionadas acaben con ellos.
Hay quien diga que esas reformas ya son hechos consumados. Pero no es verdad: faltan en muchos casos las legislaciones secundarias, más complejas y decisivas que los cambios constitucionales. Y falta la implementación de todo eso, asunto todavía más complicado. Pero el principio de la transformación ya se dio y la dimensión de los cambios y sus consecuencias no pueden menospreciarse.
Las fallas más visibles del actual gobierno tienen que ver con la seguridad. Desde luego Ayotzinapa y el Chapo. Aunque el origen de la primera tiene que ver con gobiernos locales (Iguala y Guerrero), el trabajo de la Procuraduría federal dejó mucho que desear. Las fallas fueron de tal magnitud que pueden achacarse al bajo nivel de profesionalización de esa dependencia, cuyos funcionarios no fueron capaces de seguir los protocolos básicos. O a intereses que se los impidieron.
El asunto del Chapo, grave en sí mismo, parece agravarse si es cierta la interpretación de Raymundo Riva Palacio en su libro La segunda fuga del Chapo. Lo que ahí se dice es que el actual gobierno desmanteló algunos de los sistemas de seguridad que gobiernos anteriores habían implementado. No estaríamos pues ante un "Estado fallido", sino frente a un gobierno irresponsable. El Estado mexicano, de acuerdo a esta interpretación, tenía los mecanismos para evitar la fuga. El gobierno actual los hizo a un lado.
Después de las reformas de Peña Nieto la revolución mexicana sigue siendo un hecho histórico fascinante, pero no podrá ser fuente de una ideología legitimadora.
