Un investigador puede cometer actos indebidos, sobre todo en una faceta de funcionario público, sin embargo, hay algunos matices de la acción penal que ha iniciado la Fiscalía General de la República y el CONACYT en contra de 31 investigadores, que nos llaman a la cautela y prenden señales de alarma sobre el uso parcial de la justicia como forma de vendetta política.
En primera instancia porque la petición de orden de aprensión se ha solicitado en dos ocasiones, mismas que han sido desestimadas por jueces federales, lo que ya es un indicio de falta de solidez en las acusaciones y a pesar de ello, la Fiscalía ha dado entender que la solicitará una tercera vez, mostrando una saña inusitada.
Segundo, porque la instancia que denunció a los 31 científicos ante la Fiscalía General de la República, CONACYT, es la misma que otorgó de forma indebida, el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores al Fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo que la insistencia de la Fiscalía podría verse como un intercambio de favores.
Tercero, porque se solicitan penas realmente absurdas, de hasta 82 años, cuando las mismas ni siquiera se imponen a narcotraficantes responsables de cientos de muertes.
Cuarto, porque algunos de los científicos integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, habían interpuesto un amparo contra CONACYT por la reducción de apoyos y otros de los señalados fueron funcionarios de CONACYT en la administración precedente a la actual, por lo que no se puede descartar un ejercicio de venganza por parte de la actual titular.
No es casual que universidades como la UNAM y la UAM, así como importantes colectivos de científicos, han hecho un llamado a frenar la persecución de investigadores y garantizar a los 31 implicados un proceso justo y apegado a derecho, punto en el que quien escribe estas líneas coincide, porque con tantos criminales de primer orden en las calles, suena absurdo que la prioridad sea concentrarse en una “posible” veta de corrupción en la academia.
@victorsanval
