Jaime Bonilla es un oportunista, que apenas fue electo Gobernador de Baja California, operó abiertamente para cometer una flagrante violación a nuestra Constitución, al extender el periodo para el que fue electo de 2 a 5 años.
Para ello, ha presionado a los legisladores locales para cambiar la ley y ha organizado consultas fuera de los procesos que establece la norma.
Al respecto, las primeras reacciones del Gobierno Federal fueron de desaprobación, con declaraciones públicas, tanto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, como de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, al paso de las semanas ambos funcionarios fueron suavizando el discurso, primero señalando que se trataba de un asunto de corte estatal y que tendría que ser abordado por las instancias correspondientes, incluida la SCJN, para después comenzar a guardar silencio sobre el tema.
Muchos supusieron que existía un apoyo tácito del Gobierno Federal a la extensión de mandato, sin embargo, no había una postura pública, precisamente porque la medida de Bonilla es a todas luces un ejercicio en donde la ley se tuerce con interpretaciones forzadas, para cumplir los caprichos de un político ambicioso, que no respeta los principios básicos de la democracia.
En resumen, para el Gobierno Federal era costoso apoyar las acciones del hoy Gobernador.
Pero todo se derrumbó por la torpeza del equipo del propio Gobernador, que transmitió en vivo una charla privada, en la que Olga Sánchez Cordero, olvidándose de su amplia formación jurídica y sentido común, le expresaba su apoyo decido al Gobernador, mencionando que no sólo la medida era legal, sino que, en su opinión, la misma iba a persistir después de ser analizada por la SCJN.
El daño a la imagen de la Secretaria de Gobernación y ex ministra de la SCJN ha sido tremendo, porque reveló su doble discurso, echó por tierra sus logros judiciales y la dejó como una política convencional, que acomoda su discurso conforme más le convenga.
@victorsanval
