El Departamento de Justicia hizo una jugada maestra en las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos, la cual le salió de maravilla, porque en lugar de enfocarse solamente en el Gobernador, que iba a tener todos los incentivos para negar las acusaciones, sumó a un número relevante de funcionarios apostando a que uno o varios no aguantarían la presión y correrían a negociar con el Gobierno de los Estados Unidos, como al final pasó con Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez.
En todo este proceso Estados Unidos aplicó una variante de una estrategia que en economía se conoce como el dilema del prisionero, que fue desarrollada en los 50 por Merrill Flood y Melvin Dresher, en donde si todos los involucrados guardan silencio y no acusan a los demás pueden recibir una sanción baja, pero en cambio si uno confiesa e incrimina a los demás, esta persona recibe beneficios y las demás condenas altas, pero si muchos confiesan las penas para la totalidad se elevan.
Si hubieran ido solo contra Rocha Moya, este se habría podido pertrechar y defender con el apoyo de Sheinbaum, pero en cambio al involucrar a una cadena amplia de actores, jugaron con la mente de los mismos, apostando que la cadena se iba romper por los eslabones más débiles, como al final sucedió y que tiene el potencial de crecer y que más involucrados se entreguen.
Esa estrategia fue una chuza completa, porque dejó al Gobierno de México sin su principal argumento de que no se habían aportado pruebas, porque los propios implicados están aceptando implícitamente su culpabilidad al entregarse y buscar una negociación, ya que si eres inocente no te apresuras a buscar un acuerdo como lo hicieron Díaz Vega y Mérida Sánchez, de forma que ahora el Gobierno de México queda como encubridor de narcos y se verá obligado a tomar medidas en contra de Rocha y los demás, pero si las mismas no son suficientes, el descrédito para la administración de Sheinbaum se multiplicará.
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