Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, sobre los incentivos económicos otorgados a elementos de la Guardia Estatal por localizar y retirar cámaras clandestinas utilizadas por la delincuencia merecen una reflexión más profunda que el anuncio mismo.
Según el funcionario, además del salario que reciben los policías, el Gobierno del Estado autorizó estímulos por recuperar cámaras ilegales, así como por el aseguramiento de armamento y explosivos. Incluso destacó que mientras el año pasado fueron retiradas alrededor de 372 cámaras, este año la cifra ya supera las 472.
A primera vista, la medida puede parecer positiva. Cualquier acción encaminada a debilitar las capacidades operativas de la delincuencia resulta deseable.
Sin embargo, el debate no debería centrarse en el incentivo, sino en el deber.
La seguridad pública no es un servicio extraordinario.
Es una obligación constitucional del Estado y una responsabilidad cotidiana de quienes integran las corporaciones policiales.
Los salarios, el equipamiento, las patrullas, el combustible, la tecnología y la operación de las instituciones de seguridad se financian con recursos públicos, es decir, con el dinero que la sociedad aporta mediante impuestos y otras contribuciones.
Retirar cámaras clandestinas, asegurar armas o decomisar explosivos forman parte de la razón de ser de una corporación policial, particularmente en un estado como Tamaulipas. Por ello llama la atención que esas actividades ameriten una remuneración adicional.
Pero hay otro aspecto que también merece atención.
Si las autoridades aseguran cada vez más cámaras clandestinas, el éxito no debería medirse únicamente por el número de equipos retirados.
Lo verdaderamente importante sería conocer quién las instala, quién las opera, cómo se comunican, quién recibe la información y, sobre todo, por qué la red que las coloca continúa funcionando.
Desmontar una cámara representa un resultado operativo. Desmantelar la estructura que la hace posible sería una estrategia de seguridad.
Mientras eso no ocurra, las cifras podrán seguir creciendo año con año, pero el problema permanecerá exactamente donde empezó: en la capacidad de quienes vuelven a instalar, una y otra vez, los ojos clandestinos del crimen.
