En el escrutinio público, la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas es uno de los entes más cuestionados por la población. Históricamente ha cargado señalamientos de tortuguismo, ineficiencia, falta de seguimiento y pobres resultados en resolver o capturar a malhechores de delitos comunes, desde el robo hasta homicidios, algunos de escándalo mediático.
Esas deficiencias están apuntadas, en un caso más focalizado, en Tampico. La oficina en la zona sur arrastra muchos señalamientos de los afectados, víctima de un hecho y en esa intención de encontrar justicia, acuden a la instancia, sin embargo, en las recientes semanas la constante es la queja.
Ese señalamiento va dirigido principalmente a María Concepción Cornejo Oliver. La recapitulación de versiones de colectivos, asociaciones civiles y ciudadanos que deben dedicarle horas o hasta días para presentar la respectiva denuncia y presionar al Ministerio Público para encontrar el principal fundamento, la justicia pronta y expedita, se ha convertido en un tormento.
Las situaciones se registran desde la primera línea de atención. Mujeres y hombres se topan con muchas acciones que rayan en la corrupción, conductas permitida y hasta fomentadas desde quien ostenta el cargo de fiscal de Distrito.
Precisamente en esta parte del proceso que cualquier persona que interpone la querella, en este caso fraude, se solicitan, tasan y cotizan pagos para poner en marcha el trámite y seguir con las respectivas investigaciones, apuntan afectados que prefirieron cuidar su identidad.
Solo así, argumentan, se prosigue. Caso contrario, o no se le reciben o quedan “traspapeladas”. Los denunciantes también expresaron dentro de la inconformidad a un MP, Josué Moisés Morales Delgado, bajo el cobijo de Cornejo Oliver.
Para cerrar, la impunidad prospera mientras se avecina el cambio de posiciones en las referidas oficinas de la FGJ, incluida la tampiqueña y todavía con los tentáculos de grupos políticos moviéndose, aunado a ejercer cateos ilegales.
Ya pasó la elección judicial y en octubre tendremos nuevos magistrados. No sería tan descabellado revisar el actuar de María Concepción, sus colaboradores y los miembros de la Fiscalía envueltos en esta corrupción.
Son servidores públicos y viven del erario, no lo olvidemos.
