“El Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción.(…) El Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta”
Murray Newton Rothbard
Esta semana será muy importante para el sector empresarial, ya que se discutirá, en el Senado de la República, si se sigue con el trámite legislativo y se aprueba en septiembre, o se detiene para un mejor análisis, el proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de Seguridad Nacional; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.
Este proyecto, aprobado en comisiones unidas, el pasado 14 de agosto; señala que quienes realizan cualquier tipo de operación, relacionada con facturas o comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; son quienes dañan millonariamente y ponen en peligro la permanencia y equilibrio del Estado mexicano.
Fueron tres las iniciativas sobre el tema de las empresas fantasma, pero resulta preocupante lo aprobado en comisiones, ya que se pretende incluir al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, lo relativo a facturas falsas y deducción de operaciones simuladas; adicionalmente, se considerarán amenazas para la Seguridad Nacional, los delitos fiscales y el daño a la Hacienda Federal, al considerar que se genera desestabilidad en las finanzas públicas del país. Por otro lado, al contrabando, la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y a todo lo relacionado con comprobantes fiscales, se les considerará como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin tomar en cuenta que ello representa, una violación del derecho a la presunción de inocencia, y del derecho a la libertad personal.
En México, se estima que existen más de 8,500 empresas fantasmas, que emiten facturas de operaciones inexistentes, por más de 2 billones de pesos, es decir, el equivalente al 70% de la recaudación prevista para el 2018; por lo que es necesario y obligado combatirlas, pero siempre bajo el principio de proporcionalidad de las sanciones. Con las recientes noticias nacionales, sobre las detenciones de diversas personas, en extrañas y azarosas circunstancias; en caso de ser aprobadas estas reformas; no hay la menor duda, que habrá mucha incertidumbre entre empresarios, porque es un hecho que, en México, hemos vivido etapas de “terrorismo fiscal” por parte del gobierno, hacia empresas o personas que por alguna razón han resultado incómodas.
Debemos estar informados, y atentos a lo que suceda en el Senado, porque existen muchos contribuyentes que no actúan de mala fe y sin embargo, pudieran llegar a ser considerados penalmente, al mismo nivel que un terrorista.
En el proyecto de decreto, se señala expresamente, que la reducción de la pérdida de potenciales ingresos públicos, al combatir la evasión de impuestos, tendría un impacto positivo en el bienestar de nuestro país; y para ello aplica, como anillo al dedo, lo dicho por Manuel Gómez Morín: “Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”
Combatir estos delitos, a costa de agravarlos sin justificación alguna, o de violar derechos humanos, no traerá mejora económica mágica para los mexicanos, y por ello, no podemos dejar que una mayoría legislativa de Morena, busque bajo todos los mecanismos posibles, allegarle recursos económicos al Presidente, sea cual sea el pretexto.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
