La promesa es la edificación de un Centro de Salud Mental en Torreón, Coahuila que de contención a personas con desafíos mentales y la posibilidad de internamiento hasta por tres meses. Más encierro.
Justo el pasado 16 de mayo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, dictamen que se aprobó el 5 de abril en la Cámara de Diputados.
Dentro de los puntos a destacar son: la transición del modelo asilar al modelo comunitario, dejar de lado el internamiento o la institucionalización de los usuarios del servicio médico de especialidad psiquiátrica y priorizar el abordaje más cerca de sus hogares.
Si bien, no se cerrarán los hospitales psiquiátricos se transformarán, se pretende que la atención no recaiga primordialmente en la institucionalización o el encierro como también se le teme, se le conoce.
Y es que en nuestro México lindo y querido las malas prácticas continúan propagándose: contención coercitiva, tratos crueles, degradantes e inhumanos.
Las historias que hablan de ese horror, abundan en la medicina psiquiátrica en el pasado reciente y todavía en nuestros días, acciones que se “propagan” por la recurrencia a medidas de aislamiento y encima no regulación.
Algunos de esos macabros informes nos los muestran Disability Rigths Internacional (DRI) y Human Rights Whatch (HRW).
La atención a la Salud Mental ahora, sigue sin entenderse, al pretender conservar la visión de un abordaje rehabilitador de “normalización” y programas de internación o institucionalización, para “mejorarlo” con prácticas de sometimiento, aunque sea “solo” por tres meses.
No solo es conveniente, es imperante atender el aspecto poco hablado y nada tratado como la Salud Mental. Y no es para menos.
El estigma que se ganó con todos los modelos antes descritos, era, no acercarnos a ese tema ni de broma, a reserva de que un diagnóstico clínico confirmara nuestra “loquera”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma un abordaje y una atención a la salud mental desde un enfoque TRANSVERSAL que tendría que pasar por todos los órganos y dependencias del esquema de gobierno: federal, estatal, municipal.
¿Se imagina el Instituto Nacional de Migración (INM) impregnado de un esquema de Salud Mental en un modelo de derechos humanos? No tendríamos que hablar de atención a personas migrantes en crisis por el desencuentro de los aduanales.
¿Se imagina una Secretaria de Educación Pública (SEP) empapada de una estrategia de Salud Mental en un modelo de derechos humanos? No tendríamos que hablar niñas, niños y adolescentes con discapacidad con serios retos anímicos y emocionales por la negarles matrícula con el pretexto de “aquí no sabemos cómo tratarlos”.
¿Se imagina una Dirección de Seguridad Pública envuelta en el nuevo paradigma de Salud Mental en un modelo de sujeto de derechos y capacidad jurídica para personas con y sin discapacidad?
No estaríamos documentando detenciones arbitrarias y luego recibir a las víctimas en las instituciones de salud para atenderlas por el cuadro post traumático que presentan.
¿Se imagina un Ministerio Público con un perfil actualizado en el modelo actual de atención a víctimas? No tendrían que sacar de sus ahorritos o pedir prestado para conseguir el dinero que “agilice” la investigación.
Antes gastar deoquis (como diría mi abuelita) sería bueno que se den una vueltecita por la reforma a la Ley de Salud recién aprobada y revisar los modelos de la OMS de atención en Salud Mental que apuntan a una atención comunitaria, de derechos humanos, informada, consensuada, fuera de esquemas farmacológicos, psiquiátricos y patológicos. Primero Persona.
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