En las últimas décadas el gran negocio de la política está en la obra pública. Fuera de la fuerte competencia del mercado, construir para el gobierno representa en muchos casos la ventaja de ganancias arriba de los promedios de esta industria. Suficiente para compartirlas con quienes facilitan, toleran o alientan costos tan altos como sea necesario para satisfacer a la boa de la ambición con dos cabezas.
En la época del Presidente Alemán los negocios fueron las concesiones (de todo tipo) y más adelante los suministros (ventas al gobierno) y servicios. Siempre bajo las reglas no escritas del tráfico de influencias. Para disimular y en un espíritu de leal servicio público (que también lo existe) se han hecho leyes y reglamentos para impedir los abusos y eventualmente descarados robos. Han sido estas ordenanzas severas en el papel pero muy permeables en los hechos. Llegamos al extremo de crear leyes y fiscalías “anticorrupción” cuando sería suficiente aplicar la ley plana.
Una licitación es la oportunidad que tiene el cliente (gobierno) para obtener los mejores precios y condiciones, pero ha sido sencillo evadirlas y sirven más para la retórica que simula transparencia en los procesos que un mecanismo vital para hacer rendir los presupuestos. Concursos definidos con antelación.
El sistema debe romperse al algún punto por la salud no solo de las finanzas públicas sino también de la política. En Alemania, por ejemplo, las obras públicas están fuera del ámbito de gobierno. Las grandes obras de infraestructura y desarrollo, por su impacto si están en las líneas políticas del gobierno, pero no así un puente o un drenaje que suelen resolverse de forma más eficiente cuando están involucrados directamente los ciudadanos que se beneficiarán de la obra.
