La reciente resolución de la contraloría de Oaxaca para sancionar los ahora probados latrocinios de José Zorrilla, ex secretario de Turismo del gobierno de Gabino Cué, mueve a hacer públicas las siguientes reflexiones:
La justicia en México suele ser tortuosa, caprichosa y tardía, pero no cuando su pesada maquinaria logra abrirse paso entre la maraña de intereses que suele proteger a los poderosos, hasta cubrirlos con el manto de la impunidad.
Cuando el apotegma de Juárez (“contra la ley nada, sobre la ley nadie”) es invocado desde la cúspide del Poder Ejecutivo federal y resuena en algunos rincones de nuestra patria doliente, no queda sino entusiasmarse. Una golondrina no hace verano, pero verla desplegar las alas en pleno invierno, no es poca cosa. El hecho tiene al menos un alto valor simbólico y sienta un buen precedente de confianza en la justicia.
La férrea oposición del pueblo de Oaxaca –ciudad y estado— al proyecto arquitectónico del ex secretario de Turismo para edificar un estacionamiento y centro de convenciones en terrenos protegidos del cerro de El Fortín, considerados patrimonio cultural, trasciende a Francisco Toledo y a mí, cuando pusimos el grito en el cielo por la desfachatez de la propuesta, aun a costa de ser amenazados y estigmatizados como enemigos de la modernización y del desarrollo, por quienes le permitieron a Zorrilla perseverar en el despojo y llegar hasta donde llegó, cuando porros enviados desde su estructura de poder nos apedrearon a Toledo y a mí “por meternos –dijeron— en lo que no les importa”.
Vilipendiados, amenazados, difamados nos acogimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que investigó la justeza de nuestra queja y emitió una recomendación que no solo buscaba proteger nuestra seguridad física e integridad, sino trascendía lo individual y llamaba la atención sobre la vulneración del derecho colectivo a la cultura de todos los oaxaqueños.
Muchos más se opusieron también –en Oaxaca y dentro y fuera de México— a una decisión de (des)gobierno que, en realidad encubría la voracidad del hoy acusado para desviar recursos del patrimonio público de la entidad, por un monto que hoy se calcula en 170 millones de pesos.
El contexto sociopolítico actual del país exige al gobierno federal y a los estatales un compromiso más claro y explícito para proteger a las ciudades y pueblos que son patrimonio de la humanidad.
Si el tipo de atentados inmobiliarios que amenazan presente y futuro de esos espacios es conocido, de tan frecuente y escandaloso, parece muy oportuno advertirlo, más aún cuando la voracidad inmobiliaria se acompaña, indispensablemente, de acciones u omisiones graves desde algunos escritorios de funcionarios del gobierno, sea en la escala federal, estatal o municipal.
La resolución de la CNDH es, también, una enseñanza de que los ecocidios, el daño al patrimonio de la humanidad, nunca más deben quedar impunes en nuestra sociedad nacional, son actos tan o más deleznables que la corrupción que los propicia.
El ejercicio de la libertad de expresión —en este caso el mío y de Toledo— demuestra ser el instrumento más poderoso para denunciar estos atentados.
Si los ciudadanos, cada vez más y mejor informados, podemos generar opinión crítica libre habremos dado un paso significativo más allá de cualquier meta oportuna y de la coyuntura. La buena transformación por la casa empieza.
*Pintor oaxaqueño
