El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo (TJAEH) es un órgano jurisdiccional en proceso de consolidar su autonomía, adscrito al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Su función principal es resolver controversias entre los ciudadanos, el sector social o empresarial y las autoridades estatales o municipales, especialmente en casos de posibles abusos de poder. Asimismo, conoce de conflictos entre autoridades municipales y funcionarios estatales. Esta institución constituye el espacio donde pueden impugnarse decisiones del gobierno estatal que se consideren ilegales o injustas.
Este tribunal se encarga de revisar actos emitidos por funcionarios y autoridades locales, tales como la imposición de multas, la cancelación de permisos o licencias, o la determinación de obligaciones fiscales indebidas. Atiende tanto asuntos municipales como estatales, particularmente en casos donde se presumen actos arbitrarios por parte de la autoridad.
En este sentido, su intervención jurídica permite resolver, mediante juicio, decisiones administrativas contrarias a derecho o que vulneren los intereses de los particulares. Por ello, este órgano jurisdiccional tiene como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. Asimismo, está facultado para sancionar faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos del ámbito local.
Si bien este tribunal actúa como un contrapeso al ejercicio del poder público, garantizando que las autoridades no incurran en conductas abusivas o ilegales, es importante destacar el papel de los profesionales que lo integran. En este contexto, el Mtro. Salvador Franco Assad ha sido reconocido como un abogado comprometido con la defensa de los derechos de los hidalguenses. No obstante, este cargo ha sido percibido por algunos sectores como susceptible de responder a intereses políticos del titular del Poder Ejecutivo estatal.
En la práctica, sin embargo, su desempeño se encuentra alineado con las políticas de combate a la corrupción y la transparencia impulsadas por el gobierno estatal, encabezado por Julio Menchaca. Aun así, desde una perspectiva normativa, podría argumentarse que este tipo de cargos debería designarse con base en criterios de capacidad, calidad humana y ética profesional.
Se espera que este tipo de responsabilidades continúe siendo desempeñado por perfiles profesionales que generen confianza en la ciudadanía, como en el caso del Mtro. Salvador Franco Assad, garantizando el acceso a la justicia frente a posibles irregularidades en la actuación de servidores públicos, dentro de una institución clave para la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos, así como el fortalecimiento institucional.
