Los principales riesgos derivados de las lluvias intensas que vive el estado de Hidalgo provocan inundaciones urbanas, como ocurre en Pachuca, donde diversas obras públicas que se han realizado gracias a la gestión del gobernador no han logrado resolver de fondo el problema. La corrupción entre algunos empresarios constructores y funcionarios ha impedido una adecuada planeación y logística para proteger a la ciudadanía, al comercio y a la infraestructura, situación que hoy la población observa con preocupación.
Lo anterior, impacta negativamente en drenaje insuficiente, alcantarillas obstruidas, pavimentos mal nivelados y sistemas pluviales de baja capacidad que provocan el desbordamiento del agua, afectando viviendas, comercios y vialidades. A ello se suma la construcción de proyectos públicos sin los estudios geotécnicos necesarios, como carreteras y muros de contención deficientes. Un ejemplo es la carretera Pachuca–Atotonilco el Grande, donde las condiciones del terreno favorecen derrumbes que ponen en riesgo la vida de los hidalguenses.
Asimismo, la mala calidad de los materiales, la falta de compactación adecuada y la deficiente supervisión generan hundimientos de calles, puentes y carreteras, además de los daños que sufren comunidades y municipios en hospitales, escuelas, edificios gubernamentales y otros espacios públicos. También se interrumpen servicios esenciales como el suministro de agua potable, energía eléctrica y transporte.
En general, las lluvias representan un desastre que obliga a realizar costosas reparaciones de infraestructura, generando un fuerte impacto económico para los gobiernos estatal y municipales, así como para la sociedad. Pese a que cada año se repite la misma situación, las autoridades no diseñan obras considerando escenarios de lluvias intensas, ni aplican con rigor las normas de ingeniería, construcción y supervisión independiente. Tampoco brindan mantenimiento periódico a la infraestructura hidráulica y vial, ni implementan sistemas de alerta temprana y protocolos eficaces de protección civil.
Por ello, los desastres no son consecuencia únicamente de las lluvias, sino también de las deficiencias en la planeación, construcción y mantenimiento de las obras públicas, agravadas por la corrupción entre constructoras y funcionarios, que impide invertir en infraestructura de calidad, supervisión técnica y mantenimiento preventivo.
