A unos se les protege el futuro universitario tras una agresión sexual en grupo; a otras se les borra la vida en el corredor de la muerte tras arrastrar una infancia de abuso. Esa es la realidad que se enfrenta hoy en día en nuestras sociedades.
En octubre de 2024, dentro de una casa de la fraternidad Chi Phi en Cornell University en Nueva York, una estudiante fue drogada y agredida sexualmente en grupo por varios miembros que publicaron sus actos en un chat con frases denigrantes. Dos años después, mientras la demanda civil sigue su curso y apenas se presiona para una investigación penal real, lo más seguro es que esos jóvenes sigan protegiendo su futuro académico y social.
En el otro extremo de Estados Unidos, Christa Pike sumó décadas condenada al corredor de la muerte por un crimen que cometió a los 18 años, arrastrando un historial documentado de violaciones y abusos extremos desde la infancia que ningún juez quiso validar, como si temiesen que eso dejaba expuesta a una sociedad que falló.
Y si bien a simple vista, Cornell y el corredor de la muerte parecen realidades opuestas, son exactamente la misma imagen en lados opuestos del espejo: una justicia que se vuelve ciega y cómplice cuando los agresores tienen privilegios, pero se convierte en una máquina implacable cuando la violencia viene de quienes ya fueron rotos por el sistema.
Cobijar a los agresores en las universidades de élite no es un caso aislado, sino una constante documentada por décadas de escándalos. Uno de los casos mas sonados ocurrió en Stanford en 2015, cuando el exnadador Brock Turner fue condenado por agresión sexual a una mujer inconsciente detrás de un contenedor de basura, desatando la indignación mundial no solo por el crimen, sino porque el juez le impuso una pena de apenas tres meses de cárcel bajo el pretexto de no "destruir su futuro". A esto se suman casos como el de Yale, que en 2019 enfrentó una demanda colectiva federal bajo el título IX por solapar un entorno donde sus fraternidades operaban con total impunidad y protección administrativa frente a denuncias de agresión. En todos estos espacios, el estatus y las redes de influencia garantizan que el entorno opere para proteger al agresor.
Y en el extremo opuesto, cuando la mujer no pertenece a las élites ni cuenta con un entorno que la proteja, el sistema de justicia no opera por igual. Un ejemplo es el de Christa Pike, condenada a muerte en Tennesseepor un crimen que cometió cuando tenía 18 años. Detrás de esa sentencia donde nadie objeta su culpabilidad del atroz crimen no hay un vacío: hay un historial documentado de violaciones sistemáticas desde la infancia, abusos extremos por parte de múltiples familiares, abandono severo y dos intentos de suicidio antes de los doce años, todo ignorado por un Estado que jamás la protegió ni le brindó tratamiento psiquiátrico alguno, pero que ha sido implacable al intentar ejecutar su sentencia, incluso cuando los propios protocolos de la inyección letal han fallado.
Así, mientras a los agresores de las fraternidades se les cuida el expediente y se les dan concesiones para no arruinarles la vida, a quienes ya arrastran una infancia destruida por la violencia se les aplica la ley sin matices, negando cualquier atenuante y convirtiendo el castigo definitivo en la única respuesta de un sistema que prefiere exterminar antes que asumir su propia culpa.
