En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe en seguimiento a la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos sobre la “Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas por motivos de religión o de creencia”.
Básicamente, se les pide los Estados parte para que tomen las medidas que a continuación enlisto, a fin de promover un entorno nacional -dice la Resolución- de “tolerancia, paz y respeto religioso”. Se pide a los Estados a) alentar la creación de redes de colaboración para consolidar el entendimiento mutuo, promover el diálogo, entre otras acciones; b) crear mecanismos adecuados en la administración pública para identificar y afrontar posibles ámbitos de tensión entre miembros de diferentes religiones; c) alentar la capacitación de los funcionarios gubernamentales para evitar la discriminación por motivos religiosos; d) pronunciarse claramente contra la intolerancia, incluida la apología del odio religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia; e) adoptar medidas para tipificar como delito la incitación a la violencia; entre otras.
El Alto Comisionado da seguimiento a la Resolución y, en respuesta a una nota verbal del primero, 16 Estados envían sus contribuciones relacionadas con los más de quince puntos que constituyen el plan de acción de dicha Resolución.
Del documento que comento se desprende que es la Argentina y el Reino Unido, junto con Italia y Australia los que más esfuerzos han realizado para contrarrestar los estereotipos negativos, el odio y la incitación a la violencia contra grupos religiosos. Esfuerzos importantes se visibilizan por parte de Irán, Arabia Saudí, Qatar y Azerbaiyán.
Pese a que los Estados parte han ratificado todos los instrumentos de derechos humanos, el Informe revela: “… es necesario mejorar el proceso de presentación de informes en lo que se refiere al número total de contribuciones de los Estados y a la cobertura geográfica […] Y advierte: “La Alta Comisionada señala también que la recepción de comunicaciones de los Estados ha ido disminuyendo”.
Habría que revisar si en los informes del 2020, 2021 y 2022, nuestro país envió alguna comunicación para atender la Resolución del Consejo de Derechos Humanos, tema que revisaremos en las siguientes entregas.
Sara S. Pozos Bravo
