En la política, las crisis no solamente ponen a prueba a los gobiernos; también abren oportunidades para quienes aspiran a sustituirlos. Y cuando una inconformidad ciudadana es legítima, profunda y afecta la vida cotidiana de millones de personas, su potencial político se multiplica. Eso es lo que hoy sucede en Jalisco con el problema del agua. La población tiene razones de sobra para exigir que el servicio sea seguro y de calidad, mientras el gobierno de Pablo Lemus tiene la obligación de responder con soluciones verificables. Pero hay otra pregunta que merece ponerse sobre la mesa: ¿qué papel desempeña la oposición frente a una crisis de esta magnitud? Morena y sus aliados han cuestionado las alternativas del gobierno estatal y han planteado fortalecer el SIAPA, pero la discusión pública también debe exigirles una propuesta integral que permita contrastar costos, plazos, fuentes de financiamiento y resultados esperados. Porque señalar las deficiencias del adversario puede generar dividendos políticos; demostrar que se tiene una alternativa viable es una responsabilidad muy distinta. Mi lectura es que Morena tiene en esta crisis una oportunidad electoral de enorme valor, y sospecho que el desgaste del gobierno emecista puede resultarle más rentable que la solución inmediata del conflicto. No tengo pruebas para afirmar que exista una estrategia deliberada para prolongarlo, pero sí considero legítimo cuestionar a quién se beneficia políticamente y que pretende que el malestar continúe.
En Guerra de guerrillas, Ernesto Guevara analiza la relación entre el descontento popular, la legitimidad de una causa y la capacidad de una fuerza política para convertir las inconformidades sociales en una lucha contra el poder establecido. Su planteamiento pertenece al terreno de la insurgencia armada y no puede trasladarse automáticamente a una contienda electoral democrática. Sin embargo, permite reflexionar sobre un principio más amplio: las crisis adquieren una dimensión política cuando los actores consiguen vincular el malestar de la población con una narrativa sobre la incapacidad de quienes gobiernan. En una democracia, esa dinámica puede expresarse mediante denuncias, movilizaciones, campañas y disputas por la opinión pública, sin que ello implique necesariamente una estrategia clandestina, o quizá si. El riesgo aparece cuando la competencia por capitalizar el enojo desplaza la búsqueda de soluciones. Una oposición puede denunciar una falla real, mantenerla en el centro de la conversación y prometer que, al llegar al gobierno, todo cambiará. Pero si sus propuestas carecen de sustento técnico o financiero, la promesa puede terminar siendo apenas un recurso para obtener respaldo electoral. Por eso, no basta con preguntar quién protesta ni quién gobierna: también hay que examinar quién propone, qué propone y si sus planteamientos resisten una revisión seria.
La marcha del domingo 18 de octubre añadió otra dimensión al conflicto. Los actos vandálicos atribuidos a personas encapuchadas, los videos difundidos en redes sociales y algunas expresiones que han despertado sospechas sobre la procedencia de ciertos manifestantes alimentan interrogantes que las autoridades deben investigar. En Jalisco hablamos del Tren Ligero, no del metro, y de la Plaza de Armas, no del zócalo. Esas diferencias pueden llamar la atención. Mi sospecha es que determinados actores pueden estar aprovechando la crisis para debilitar al gobierno estatal; mi conclusión sobre quién organizó los destrozos tendría que esperar evidencias que hoy no puedo dar por acreditadas. Son dos planos diferentes. Lo que sí puede analizarse desde ahora es el resultado político de los acontecimientos: una exigencia ciudadana por agua limpia queda mezclada con imágenes de violencia, enfrentamientos y daños a edificios públicos, mientras la discusión se desplaza hacia la gobernabilidad y el costo electoral para Movimiento Ciudadano y deja en un segundo plano, lo que en verdad nos interesa a todos, que el agua llegue limpia a nuestras casas.
La estrategia del desgaste no necesita, necesariamente, que una fuerza política provoque el problema original. Basta con que encuentre una oportunidad para capitalizarlo. Primero existe una inconformidad real; después, los actores políticos compiten por interpretarla, amplificarla y atribuir responsabilidades. Si la respuesta institucional es insuficiente, el malestar crece y la oposición puede presentar esa frustración como evidencia de que el gobierno ha perdido el control. Más tarde, puede ofrecer soluciones aparentemente sencillas para problemas que en realidad requieren inversiones, infraestructura, coordinación entre autoridades y decisiones de largo plazo. El peligro está en confundir la facilidad de una promesa con su viabilidad. En el caso del agua, no alcanza con exigir que el gobierno resuelva el problema ni con rechazar un proyecto por su costo: también es necesario explicar qué alternativa lo sustituiría, cuánto costaría, cuánto tardaría en ejecutarse y cómo garantizaría agua segura a los hogares.
Morena y sus aliados tienen derecho a cuestionar el plan estatal, pero también deben aceptar que sus propias propuestas sean sometidas al mismo escrutinio. Si la intención es gobernar Jalisco, la ciudadanía merece algo más que críticas: merece conocer una ruta de solución completa y evaluable.
La disputa por Jalisco no comenzó con esta marcha y tampoco terminará cuando desaparezcan las imágenes de los destrozos de las redes sociales. Lo que está en juego es la capacidad de los partidos para convertir una crisis en respaldo electoral y la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre una propuesta seria y una promesa diseñada para ganar votos. Morena puede aspirar legítimamente a gobernar Jalisco, pero debe demostrar y acreditar que su propuesta de solución del agua va más allá de los gritos, descalificaciones y aprovechamiento indiscriminado del desgaste natural del ejercicio del poder sin proponer algo de fondo.
El calendario electoral explica por qué este debate tiene tanta importancia. En 2027 estarán en disputa los municipios metropolitanos que concentran una parte sustancial de la población, la actividad económica y la influencia política de Jalisco. Conquistar Guadalajara y fortalecer posiciones en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y otros municipios podría darle a Morena una plataforma territorial que no ha podido consolidar ni con la ayuda, en su momento, del propio Andrés Manuel López Obrador ni tampoco de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues Jalisco sigue teniendo un voto diferenciado en las urnas y parece que es de los estados con mayor conocimiento del voto cruzado y el voto útil. Por lo tanto, creo que no basta con la crítica vacía sino una solución viable al conflicto que nos preocupa y nos debería de ocupar a todas y a todos.
