La reforma constitucional llamada de “simplificación administrativa” que llevó a la extinción de diversos organismos públicos autónomos, y de manera particular al INAI, así como a los 32 organismos garantes locales, entre ellos el de Jalisco, el ITEI, en la práctica o de facto ha provocado la suspensión de los derechos fundamentales para lo cual fueron creados.
Se podrá argumentar que no. Que cualquier persona puede continuar solicitando información e incluso que la información fundamental se publica en sitios de internet. Claro, eso y otras cosas se pueden decir y asegurar, pero la realidad muestra lo contrario. Sitios de internet no actualizados con información pública, solicitudes de información que, si no son atendidas, respondidas en tiempo y forma, o que entregan información incompleta o distinta a la solicitada, en la mayoría de las entidades no existe autoridad garante definida que las atienda.
Y por lo que toca a protección de datos personales, ¿alguien sabe a quién acudir para que les garanticen dichos derechos? ¿Qué autoridad ha salido, en el ámbito federal, para atender la “fuga” o no claro resguardo de bases de datos personales de instituciones públicas que circulan y se venden? Además, ¿quién vigila y garantiza la información de datos personales que tienen y administran particulares?
Consideremos algunos datos. Con base en la reforma constitucional en la materia del 20 de diciembre de 2024, tres meses después (20 de marzo de 2025) se publicó la Ley General de Acceso a la Información Pública, así como las adecuaciones a las leyes de protección de datos personales.
El 18 de junio de 2025 venció el plazo para que todas las entidades federativas adecuaran sus marcos normativos al nuevo modelo constitucional de transparencia y protección de datos personales. A la fecha, 2026, 26 entidades ya adecuaron sus constituciones locales a la federal; pero de estas, sólo 16 tienen leyes secundarias publicadas. Jalisco es una de las entidades incumplidas, aunque habrá que considerar que aún sin norma secundaria, la Contraloría del Estado “estira” la cuerda constitucional para que en su ámbito como autoridad garante, se garanticen los derechos sobre quien es autoridad.
Luego, si revisaros la Plataforma Nacional de Transparencia, el asunto se ve peor. Sólo catorce entidades tienen definidas y operando a sus nuevas autoridades garantes. Además de la administración federal.
Luego, el nuevo modelo comienza a mostrar lo disperso que será garantizar los derechos fundamentales. Estimo que está diseñado para confundir, inhibir, anular en los hechos los derechos. Estamos por pasar de 32 autoridades garantes locales y una nacional a cuando menos 280. A la fecha, con las catorce entidades operando en la Plataforma Nacional de Transparencia, están registradas 119 autoridades garantes locales y 17 federales. O sea, vamos en 136. Falta incorporar a las autoridades garantes locales de 18 entidades.
El caldo está saliendo más caro que las albóndigas; pero lo más grave, anulan derechos fundamentales.
