El próximo viernes 16 de junio, los poderes públicos de la entidad estarán conmemorando los primeros 200 años de aquella decisión soberana por la que fue erigida “esta provincia en Estado soberano federado con los demás de la grande Nación Mexicana, con el nombre de Estado libre de Xalisco” (Ibarra, pág. 132); convirtiéndose así, en la primer entidad de lo que más tarde se formalizaría a través del pacto consagrado por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de 1824. Traer a la memoria aquel histórico acontecimiento, constituye una magnífica oportunidad para que los jaliscienses nos reconozcamos en nuestra propia historia, comprendamos nuestro presente y seamos capaces de imaginar el futuro que deseamos heredar a nuestros hijos.
Esta invitación a reflexionar colectivamente nuestra historia nos permite situar en una justa perspectiva la altura de miras que mostró aquella generación de jaliscienses, quienes con todo y haberse formado y educado bajo las normas del régimen colonial, en su momento supieron abrevar de la riqueza del pensamiento político ilustrado de su época para atreverse a imaginar un nuevo orden político y social.
Guardadas las debidas diferencias con relación aquella época, hoy como ayer los jaliscienses nos encontramos inmersos en un mundo complejo que se caracteriza fundamentalmente por vertiginosos procesos de cambio, que se expresan lo mismo en los valores morales, las formas de pensar, las actividades económicas y la irrupción tecnológica, que en el perfil sociodemográfico, los efectos climáticos y los equilibrios geopolíticos globales.
A esta generación de jaliscienses nos corresponde hoy, la nada sencilla tarea de poner al día el significado de aquella decisión soberana con la que se fundó Jalisco. Frente al cuestionamiento político de diverso matiz proveniente de las propuestas y expresiones populistas que han polarizado a las sociedades en el mundo; más nos valdría guardar distancia preservando en todo momento los valores democráticos a través de instituciones efectivas para hacer valer los derechos humanos que sólo son exigibles bajo un régimen soberano de libertades cívicas.
