Luego de las sorpresivas explosiones ocurridas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga que dejó un saldo de 6 muertos y una decena de heridos, así como las primeras declaraciones de las autoridades sobre este hecho criminal y la reacción mediática que provocó entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas que culminó con una importante movilización ocurrida el pasado fin de semana (MILENIO JALISCO, 17 de julio); vale la pena hacer un alto en el camino para tratar de extraer algunos aprendizajes sociales.
Si bien coincido con la opinión del especialista de El Colegio de Jalisco, doctor Fernando Jiménez, respecto del uso criminal de artefactos explosivos improvisados (AEI) en el sentido de que para las organizaciones criminales “el uso de explosivos o coches bomba es contraproducente para sus negocios, no les conviene pues llaman la atención de la ciudadanía, las fuerzas de seguridad y la comunidad internacional, propiciando que se actúen en contra de ellas. Por lo que, dadas las experiencias previas, la violencia que pudiera ejercer la organización de Jalisco Nueva Generación debería de ser pasajera (…) podemos prever que, en próximas fechas, las organizaciones criminales suspendan el uso de este tipo de artefactos de alta capacidad destructiva ante el riesgo de que sean combatidas sin miramientos por las fuerzas de seguridad ante la amenaza que representarían a la Seguridad Nacional y a la posibilidad de que sean catalogadas como terroristas” (Análisis estratégico, 28-2023,14 de julio). Lo cierto es que este acontecimiento viene a sumarse a las llamadas de atención respecto de las condiciones de gobernabilidad que imperan hoy en el país.
Los estrechos márgenes de colaboración que mantienen los integrantes de colectivos de familiares desaparecidos con las autoridades responsables, actualmente marcados por la mutua desconfianza, podrían verse ensanchados a través del uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías como una vía que posibilite trascender la actual desconfianza imperante a través de una auténtica gobernanza digital que posibilite la accesibilidad de información que nos ayude a entender mejor el fenómeno de la desaparición de personas.
