En la respuesta ofrecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quienes solicitaron una reunión con carácter urgente con el mandatario, se encuentran algunas claves que marcarán el inminente encuentro que ocurrirá en próximas fechas entre los mandatarios.
En principio, se deja en claro el respeto a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que la represa se haga con una cortina de no más de 80 metros para no sumir en el agua a las poblaciones implicadas en la construcción” (MILENIO JALISCO, 24 de junio). Tal posicionamiento deja fuera del diálogo entre los mandatarios aquel intento fallido que fuera promovido en 2008 y que buscaba un nuevo acuerdo de distribución entre Jalisco y Guanajuato, el cual implicaba elevar a 105 metros la cortina de la represa con la consecuente inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
13 años después, tal parece que la puesta en operación de esta importante infraestructura hidráulica con una cortina a 80 metros no está a discusión, ya que “en el proyecto se tiene una inversión importante con dinero del pueblo” (MILENIO JALISCO, 24 de junio). Sin embargo, la tan indispensable como urgente coordinación intergubernamental pasa por algunos puntos de negociación aún pendientes de resolver.
Primero, por la decisión de realizar la inversión complementaria que tiene que ver, precisamente, con la construcción de los diques con los que se buscará evitar la inundación de los tres poblados amparados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Segundo, por el acuerdo de los términos de distribución del agua captada por la presa: “hay que resolver a quién beneficia el agua, si es a los pueblos de Los Altos de Jalisco, a Guadalajara o a León, si alcanza” (MILENIO JALISCO, 24 de junio).
Esa expresión final “si alcanza” de la respuesta presidencial, deja ver con claridad la insuficiencia de la coordinación intergubernamental para resolver las tensiones inherentes a la gestión integral del agua y nos exige pensar el problema desde un marco de gobernanza.
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