Tan sólo cuatro días les bastó a nuestros políticos profesionales transitar del espinoso problema de salud pública que subyace al creciente fenómeno social de las adicciones en la entidad, hacia un terreno mucho más cómodo y políticamente atractivo para ellos como lo es el popular espacio de las alternativas y soluciones inmediatas.
En efecto, apenas el miércoles nos enterábamos –gracias a un operativo orquestado por la Fiscalía General del Estado y la Fuerza Única Metropolitana– de la grave situación de vulnerabilidad y violencia institucionalizada que padece la población afectada por alguna adicción y ya para el sábado pasado nos topamos con la noticia de la inquebrantable disposición del titular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruces Mada, de que en tan sólo un mes serán inspeccionados los 251 centros registrados para la atención de adictos en Jalisco, cuyo tratamiento correrá a cargo del Seguro Popular, en tanto que en la Secretaría General de Gobierno ya se encuentra listo el proyecto de Ley que enviará el gobernador del Estado con la finalidad de reforzar la función pública de regulación sobre los susodichos centros de atención con su enorme estela de evidencias sobre omisiones, abusos e irregularidades que fueron publicadas (MILENIO JALISCO, 18 al 21 de mayo).
Más nos valdría no dejarnos llevar por la inercia de este rápido resumen noticioso, y más bien tomarnos el tiempo suficiente para detenernos en algunos detalles como el anonimato de la mujer de la tercera edad, quien se retiró sin haber obtenido una respuesta clara sobre el paradero de su familiar que se encontraba “anexado” en el Módulo dos del Albergue Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (El Informador, 20 de mayo), que nos echa en cara la enorme impunidad que rondará en el caso de dicho albergue, o también tomarnos el tiempo de revisar que en la nueva legislación, que se viene cocinando de manera exprés, no se omitan los lineamientos que faciliten la participación de los familiares y ciudadanos en general, a través de los mecanismos de supervisión y vigilancia sobre la calidad de la atención que reciben los adictos que son ingresados en estos centros, toda vez que no habría que olvidar ese otro pequeño-gran detalle que detonó toda esta movilización mediática en torno al problema de salud pública de las adicciones, y que tiene que ver con la valiente denuncia que realizó un familiar de algún “anexado”, precisamente a los pocos días de haberse vencido el plazo administrativo en que debió ocurrir una verificación, misma que evidentemente no fue realizada por parte de las entidades responsables (MILENIO JALISCO, 19 de mayo).
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