Los fiscales al norte del Bravo le han puesto a Palacio un ultimátum explosivo, y no hay himno nacional que pueda salvar a la Presidenta, a su gobierno, a su cacique o al movimiento que encarnan. La carpeta contra Rocha Moya, y las que faltan por revelarse contra otros destacados miembros de lo que en los hechos es un narcopartido de Estado, es un dardo envenenado al corazón del sistema circulatorio guinda.
Que no les han dado una sola prueba para avalar la solicitud de detención con fines de extradición, dicen. Donde la ley es la ley la exigencia no sería descabellada. El problema es que piden pruebas no para tenerlas —que ya las tienen, a pasto—, sino para crear sombras alrededor de la legitimidad del caso, descontándolo como un mero asunto político. Solo que el documento acusatorio, aunque fue hecho público hasta la semana pasada, es de 2023, es decir, desde la presidencia de Biden. Y que, sobre todo desde que amarraron acuerdos de cooperación con lo más granado de nuestros capos, si algo tienen los fiscales de Nueva York son pruebas: además de testimonios —que, para ser admitidos como evidencia ante la Corte, no pueden ser sólo “dichos de delincuentes”, sino que deben estar corroborados y respaldados—, el alud de documentos revelados en el juicio de El Chapo alrededor de las actividades delictivas del cártel y de sus cómplices no ha hecho sino crecer. Así que si quieren sigan pidiendo pruebas, ándenle, nomás no chillen cuando se las den.
Luego está el detallado énfasis que el documento acusatorio pone en la operación electoral: los encuentros entre el candidato Rocha Moya y los hijos de El Chapo para pactar el triunfo del primero a cambio de protección a los segundos; la intimidación de votantes, periodistas y opositores; el robo de urnas a punta de pistola y el dinero del narco en las campañas. Acciones todas que no se llevaron a cabo sólo en Sinaloa, sino que abarcaron, con mayor o menor enjundia, la elección federal entera.
Esos delitos, ampliamente documentados, han quedado impunes en México porque favorecieron principalmente a Morena y a sus aliados hoy en el poder. Lo que alarma es el interés de los gringos en destacarlos, si inciden tan poco en su narrativa habitual de la droga que envenena y mata a sus ciudadanos, o en la de la violencia de los cárteles que mancha a sus comunidades. Lo que sí hacen es poner en duda la legitimidad de un gobierno y de unos gobernantes que, en cualquier momento, y dependiendo de cómo amaneció el inquilino de la Casa Blanca, pueden ser calificados de narcoterroristas y convertidos en blancos militares. Y ya van pasándose de ingenuos quienes siguen diciendo que Trump no sería capaz.
Sheinbaum, quien, legítimamente o no, hoy funge de Presidenta de todos los mexicanos, tiene que elegir entre matar al padre o a la familia: entre entregar a un par de narcopolíticos en el seno de su partido y quizá, en consecuencia, a un López Obrador en la mira de Trump desde que el mexicano lo hizo quedar como un tarado cuando lo de Cienfuegos, o hundirse junto a todas las ratas en el barco de Morena. Y a nosotros con ella.
