La judicialización del caso que involucra Ricardo Anaya Cortés comenzó mal y de malas. El día de ayer, Eduardo Aguilar, abogado del ex candidato presidencial, pasó prácticamente toda la jornada en la Fiscalía General de la República suplicando para que le permitieran ver la carpeta de investigación que contiene las acusaciones en contra de su cliente.
Primero le dijeron que no reconocían su nombramiento y luego que el fiscal a cargo había salido a una diligencia. Si así le va al abogado de un político renombrado, ¿cómo tratarán en ese mismo lugar a las personas de a pie?
Anaya fue señalado por Emilio Lozoya Austin de haber recibido un supuesto soborno a cambio de su voto como diputado a favor de la reforma energética aprobada en 2013.
Esta acusación es problemática porque se obtuvo mediante el criterio de oportunidad que prácticamente exoneró a Lozoya de los delitos que cometió, pero, sobre todo, porque el supuesto soborno no es coherente respecto de los criterios de tiempo, modo y lugar.
Según la delación del ex director de Pemex, el soborno ocurrió en el sótano de las oficinas de Anaya en la Cámara de Diputados, pero en la fecha planteada el político panista no era ya diputado. Tampoco resulta creíble que el supuesto pago fuese a cambio de votar a favor de la ley energética, cuando la presunta fecha de recepción del dinero ocurrió un año después de aprobada la ley.
Afirmó Anaya que tiene información “extraoficial” de que Lozoya habría ampliado sus declaraciones para modificar la versión de los hechos de tal manera que esta vez sí cuadren los detalles de la pretendida imputación.
Esta hipótesis podría ser fácilmente desechada si la FGR entregara al abogado la carpeta de investigación que ayer hizo perdidiza. Las sospechas se resuelven con una actuación rigurosa que en este caso no está teniendo lugar.
La credibilidad del fiscal Alejandro Gertz Manero está nuevamente sometida a escrutinio. La oportunidad para mostrar pulcritud legal debería aprovecharse.
Zoom: Cuando la política y la justicia colisionan, se esperarían los más altos estándares de comportamiento de los jueces, los fiscales y los políticos.
@ricardomraphael
