El pasado 14 de septiembre, Gavin Newsom, gobernador de California, EE. UU. quien ganó las elecciones con más del 60% de votación, enfrentó un proceso de revocación de mandato. Dicho proceso, que permite destituir a representantes de elección popular, se utilizó en ese estado que representa la quinta economía del mundo, primero, motivado por la agendas migratoria y penal; sin embargo, cobró fuerza en el contexto pandémico cuando la gente que cerraba negocios se quedaba sin trabajo, vivía el encierro y demás retos, lo veía asistir a lugares públicos incumpliendo medidas de protección como el cubrebocas. Aunque claro, también hubo críticas como la documentada por el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC por sus siglas en inglés) con 69% de electores manifestando que el costo de ese proceso (280 millones de dólares) era un desperdicio.
Iniciar esa revocación requirió, además del 12% de votantes y que fuera activada a partir de la insatisfacción derivada de la gestión de su gobernante.
El 15 de septiembre salió el resultado y ganó el “no”. Entre los argumentos del gobernador estuvieron los bajos niveles de infección, muertes y hospitalizaciones, así como el elevado número de inoculaciones. Pero si hubiera ganado el “si”, también había 46 opciones de candidaturas públicas por las que se podía votar.
El próximo 27 de marzo se tiene previsto realizar en México un proceso de revocación de mandato para determinar si el Ejecutivo Federal continúa o no en el cargo. La ley permite que el H.
Congreso de la Unión pueda convocarla a petición del Ejecutivo Federal. En caso de que gane el “si”, el Presidente sería suplido por quien al momento ocupe la titularidad de la Secretaría de Gobernación, mientras el Congreso nombra titular del Ejecutivo Federal interino.
Es un proceso que ha estado en el ojo público principalmente por aspectos presupuestales (4 mil millones de pesos) que lo han llevado a instancias judiciales. Pero si se contrastara con lo sucedido en California, habría elementos interesantes para reflexionar. Entre otros, pensar que allá la iniciativa tomó fuerza por una reacción de la ciudadanía y de la oposición, aquí, directamente por quien se juega el puesto lo cual parece que le saca el aire al poder de esa iniciativa; allá se criticó el desperdicio de recursos, aunque con presupuesto, aquí, sin presupuesto y olvidando un artículo 134 constitucional y sus principios del manejo del dinero público; allá, suponiendo que hubiera ganado el “si”, con opciones de representación popular para votarlas de manera presencial o por correo, aquí, con una suplencia del mismo gobierno y un eventual interinato. Y es que mucho se diría que “así lo permite la ley”, pero parecería que con esa parafernalia popular diaria lo que realmente se busca es la revocación de la confianza ciudadana.
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