El pasado 26 de abril fue la Primera Reunión Preparatoria de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Una agenda dominada por la elección de jueces y juezas, su permanencia en carrera judicial, la evaluación de desempeño y calidad, el régimen disciplinario y la tecnología en la función jurisdiccional. El cierre estuvo a cargo del Ministro Arturo Zaldívar, que habló de los retos que enfrenta una justicia cuyo acceso sigue siendo privilegio de las élites; que se debe asumir el compromiso de cambiar una inaceptable realidad, un problema añejo y vigente de falta de acceso a la justicia a pobres, marginados y discriminados que solamente la ven en papel, pero no en su realidad; además, enfatizó que se debe hacer una renovación profunda.
Al margen de un discurso con buenos deseos que nunca pueden faltar cuando hay visitas, urge sacudirse esas viejas y acartonadas narrativas en las que parece que las instituciones hablan para sí mismas repitiendo lo de siempre, pero con eufemismos que parecen tener el objetivo de mitigar las vulneraciones que padece el estado de derecho mexicano. Una renovación profunda implica salirse de la caja, con datos, con evidencia, números que permitan entender desde afuera por qué a pesar de las reformas de 1994, 2011 y 2021, todas vinculadas con la búsqueda de una mejor justicia, se sigue preguntando qué hacer para mejorar.
La justicia es una y cuando falla en el cumplimiento de su misión, tampoco escapa de que la gente recurra a populares mecanismos emergentes de gobernanza digital como Facebook o Twitter para presionar al debido proceso. Así no debería ser. El triunfo del estado de derecho debe estar en la posibilidad real de que cualquier persona acceda a él. La imparcialidad, meritocracia, capacitaciones, reforma, independencia, división de poderes, recursos y todas esas agendas y eventos son insumos, no fines, y se deben ver reflejados en cada rincón del país, algo que hoy no sucede. Cuando una persona participa en un juicio, jamás se le habla de los retos en la carrera judicial, la evaluación de desempeño y calidad, el régimen disciplinario y la tecnología en la función jurisdiccional, mucho menos con eufemismos.
Las reformas que sin duda seguirán surgiendo en el futuro, deben abandonar esas narrativas para dar paso a propuestas robustas que resuelvan las necesidades de justicia en el país y no dejar pasar la oportunidad de atender lo que está en juego: la legitimidad. Por ejemplo, la justicia abierta y los principios de transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana que la rigen, sin eufemismos.
Ricardo Corona
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