En junio de 2018, Japón y México encabezaron el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otros temas, se habló del dinamismo tecnológico y el impacto que tendría la tecnología sustentada en Inteligencia Artificial (IA) que la, entonces vigente Estrategia Digital Nacional (EDN), incluía en su agenda. El país estaba vinculado con el contexto tecnológico internacional y abordaba, desde diversos instrumentos de amplia perspectiva, la inclusión de temas vinculados al quehacer gubernamental, datos e infraestructura, investigación y desarrollo, formación y capacitación, así como el aspecto ético y su regulación.
Lo logrado hasta ese momento era un buen punto de partida para el diseño de una robusta estrategia nacional mexicana en IA. No obstante, en el marco del diseño de la Estrategia Digital Nacional y Política Tecnológica de 2021, a pesar del impacto global que ha tenido los últimos años, la IA ya no fue incluida. Y tuvieron que pasar tres años, con lo que eso implica en términos de evolución tecnológica, para poder ver una iniciativa de ley que la regule. Se trata del proyecto del Senador Ricardo Monreal que, de entrada, desperdicia la oportunidad de aprovechar los antecedentes mexicanos de la IA y el análisis de mejores prácticas en Estados Unidos, Chile, Brasil, la Unión Europea y recomendaciones de la ONU y OCDE, en su exposición de motivos.
Algunas de sus principales características son imponer obligaciones a proveedores y usuarios ante el manejo de datos biométricos, imagen, video, sonido, producción artística, editorial y periodística. Por ejemplo, el hecho de ser una ley de carácter federal limita el campo de acción para un eje tecnológico transversal de última generación que debería estar más bien en una ley general; no se observa el papel que debería corresponder a la interacción entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y otros órganos autónomos y poderes; el esquema de sanciones que contempla, remite a ver un problema como el que han enfrenado la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales: le faltan dientes para hacer efectivas las sanciones; tampoco se ven consideraciones del uso de la IA en la prestación de servicios vinculados a la administración pública o procuración de justicia para aprovecharla en beneficio de la sociedad, como lo menciona el proyecto. Es pues, una iniciativa con buenas intenciones tecnológicas, pero con mucho trabajo por delante.
