México reúne los elementos formales para ser un estado democrático de derecho constitucional, porque la norma fundamental y suprema es la Constitución Política, sobre la que no debe estar ninguna ley ni órgano de gobierno.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) es el poder competente para resolver si un acto del Ejecutivo o una ley del Legislativo contravienen la Constitución: función denominada control de la constitucionalidad.
Las finalidades de dicho control son la conservación y defensa del orden político-jurídico creado por la Constitución.
Los principales medios de control directo e inmediato son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Esos medios son los procedimientos para denunciar ante el Pleno de la SCJ, integrado por los once ministros, los actos o leyes que violen la Constitución.
La controversia procede cuando entre un poder u órdenes de gobierno federal, estatal y municipal existen conflictos porque alguno de ellos considere que otro ha interferido en asuntos de su competencia exclusiva.
La acción de inconstitucionalidad procede para denunciar la contradicción entre una ley o un tratado internacional y la Constitución.
Pueden ejercerla, entre otros, el treinta y tres por ciento de los senadores y diputados, federales y locales; y los partidos políticos.
El Pleno de la SCJ sólo podrá declarar la invalidez de las normas o actos impugnados, con la aprobación de cuando menos ocho votos.
Así, pues, para la existencia real de un estado de derecho constitucional es esencial que el Pleno de la Corte controle, con absoluta independencia, que los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo estén estrictamente ceñidos a la Constitución.
Cuando esto no ocurre, simplemente, el estado de derecho constitucional no existe porque el orden consagrado en la Constitución y las leyes es suplantado por la voluntariedad de los gobernantes.
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