El presidente López Obrador en las mañaneras y mítines justifica sus acciones para que la población las legitime por aclamación, porque según su dicho en la democracia el pueblo manda.
Un ejemplo es su injusta y sistemática ofensiva en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, para denigrarla y que la opinión popular la juzgue indigna del cargo.
El propósito subyacente es descalificar las futuras decisiones de la Corte que sean contrarias a la voluntad presidencial.
Esto quebranta el orden constitucional de democracia representativa, porque si bien la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, el pueblo ejerció ese poder al darse la Constitución.
De tal manera, la soberanía popular está depositada en la Constitución, sobre la que no debe estar ninguna ley ni autoridad alguna; y la Constitución dispone que el gobierno es una unidad; y sólo para su ejercicio se divide en los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Así, pues, las acometidas del Ejecutivo al Poder Judicial son ataques del gobierno al propio gobierno: lo que es una contradicción en sí misma.
Nadie duda de la popularidad presidencial y la sinceridad de muchos de sus partidarios; pero en las grandes concentraciones siempre habrá una muchedumbre resentida y confusa ansiosa por lastimar y destruir.
Es deseable que el Presidente, ante el peligro que representa para la paz social una turba cotidianamente enardecida, reconsidere y convoque a la reconciliación nacional.
Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, dice: “Masa es lo que no actúa por sí misma, que es influida y dirigida por una instancia superior; y cuando la masa actúa por sí misma lo hace sólo de una manera: lincha”.
Después del linchamiento simbólico de la Ministra, todos deberíamos abonar a la concordia para prevenir un desbordamiento social.
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