Durante este sexenio, el discurso presidencial ha denostado a quienes no comulgamos con sus ideas, calificándonos, indiscriminadamente, de conservadores y enemigos no sólo de la 4ª T sino del pueblo.
El concepto de conservador se aplica a los reacios a la progresividad de las libertades individuales y colectivas de pensamiento, expresión, religión, diversidad sexual y política.
Por eso el término conservador debería constreñirse a los dogmáticos, racistas, misóginos y homofóbicos: en general a quienes profesan cualquier fanatismo de izquierda o derecha.
No deberíamos ser calificados de conservadores y, por ende, de enemigos del pueblo, a quienes estamos convencidos de que el mejoramiento de la actualidad y del futuro debería procurarse a través del respeto efectivo de la Constitución vigente.
Porque el anhelo de los que pensamos así, es avanzar hacia la justicia social a través del Estado de Derecho democrático, establecido en los principios esenciales de la Constitución.
Los gobiernos anteriores a pesar de la corrupción y las injusticias insoslayables, lejos de ser conservadores, impulsaron el desarrollo de los derechos conocidos como garantías individuales, incluyendo en la Constitución todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
Iniciaron, también, la transición del gobierno en gobernanza que consiste en buscar el equilibrio entre la sociedad civil y el gobierno para avanzar en pro del progreso económico, social e institucional justo y duradero.
Lo hicieron ciudadanizando las funciones electorales, la protección de datos, el combate a la corrupción; y muchas otras en las que impulsaron y fortalecieron la participación de las organizaciones civiles.
Así, paradójicamente, los que defendemos la conservación del régimen constitucional vigente somos en realidad liberales en el sentido clásico, esto es, amantes de las libertades civiles; y los conservadores son los que quieren regresar al pasado autoritario con presidencia omnímoda, partido hegemónico y democracia adulterada.
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