Trabajos periodísticos de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Latinus, Animal Político, han documentado puntualmente que la corrupción en México continúa, que empresas que fueron inhabilitadas por la Secretaria de la Función Pública o denunciadas por la Auditoria Superior de la Federación, siguen operando, haciendo negocio con el gobierno.
Ahí está el caso de la prima Felipa Obrador, de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, luego de haber obtenido millones de pesos de Pemex y ser inhabilitada por el parentesco cercano al presidente, siguió operando y manteniéndose en el padrón de proveedores ganando contratos con varias dependencias, entre ellas la CNA, por más de 365 millones de pesos
Otro caso, en los 17 días de julio que dejó de funcionar Compranet, la plataforma de adquisiciones del gobierno federal, una de las empresas de León Manuel Bartlett, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió tres contratos, por un monto de 24.9 millones de pesos, para mantenimiento de equipo médico; esto luego de haber proporcionado información falsa al IMSS y haber entregado ventiladores usados y a sobre precio durante la pandemia. De esta forma, Cyber Robotic Solutions, que tiene congelados procedimientos de inhabilitación por las irregularidades, ya tiene ocho contratos vigentes con dependencias y organismos del gobierno federal por más de 58 millones de pesos en el 2022.
Pero la corrupción también mata. Es el caso del ISSSTE, donde por instrucciones de Almendra Ortiz, quien era integrante del equipo de ayudantía de la presidencia, y que en enero de 2022 fue nombrada directora de administración en el ISSSTE, pidió contratar a la empresa Imedic, que no tenía experiencia para brindar los servicios de imagenología, de rayos X y endoscopía. La improvisación provocó más de 40 mil diagnósticos fallidos, aplazamientos de 503 cirugías y la muerte de al menos nueve pacientes. Funesta decisión.
Y la “estafa maestra de este sexenio”, con el desvío de 9,500 millones de pesos en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) que nació en esta administración con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación. Un despojo en despoblado, donde los funcionarios simulaban compras de toneladas de azúcar que nunca entregaron, además de efectuar inversiones bursátiles con recursos de esa dependencia. Y solo se inició proceso contra un funcionario, mientras al director se le reubicó en el INAFED.
El discurso de combate a la corrupción de esta administración, es eso, sólo un discurso político-populista.
Raúl Frías Lucio
