Cada 22 de septiembre, el Día Nacional Sin Automóvil nos invita a hacer algo sencillo, pero poco frecuente: preguntarnos cómo nos movemos y por qué. Muchas personas en los poderes públicos, medios de comunicación y el activismo nos sumamos a esta jornada por lo que nos permite demostrar: que la forma en que nos trasladamos es una cuestión colectiva, no sólo individual.
El llamado a dejar el automóvil en casa nos lleva a meditar cómo nos trasladamos al trabajo, a realizar labores de cuidado, a la universidad o al esparcimiento, y en qué condiciones lo hacemos. Nos permite también entender qué desventajas (y, en ocasiones, ventajas) enfrentan las personas que no tienen un carro.
La huella de los automóviles en la ciudad se ve y se respira: polvo sobre las ventanas, humo en cada esquina, muros ennegrecidos, calles congestionadas y, sobre todo, tos, irritación y enfermedades respiratorias que afectan especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores. Pero la huella más profunda, además de esta que encontramos en nuestras jornadas, es sobre el medio ambiente.
Sus emisiones contaminantes son un componente principal de los gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. La construcción de carreteras ha arrasado con múltiples ecosistemas, ha fragmentado bosques, ríos y humedales. La contaminación afecta a la flora y a la fauna que ya no estamos acostumbradas a ver, pero también compromete la seguridad y la higiene de nuestros alimentos desde los cultivos o la crianza de ganado. Ninguna persona puede afirmar que sus desplazamientos no tienen consecuencias para sí mismo y para sus círculos más cercanos.
El Día Nacional Sin Automóvil, definido de manera oficial el 22 de septiembre, es un recordatorio para cambiar la forma en que nos desplazamos por una más sostenible.
Cualquier especialista nos dirá que es insostenible un país que no invierte en transporte público, que basa su movilidad en el transporte motorizado particular, que destina la mayoría de los recursos públicos para construir nuevas vialidades hasta en el aire y en el subsuelo. Sin embargo, lo que debería encender las alarmas en las instituciones públicas es que la mayoría de la ciudadanía cuestiona la calidad de vida, aquí y ahora, en un país de automóviles. Según la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, existe un malestar generalizado con el espacio público: tres de cada cinco personas señalaron los embotellamientos frecuentes como uno de los principales problemas de su ciudad.
De acuerdo con el estudio de Kantar “Así se Mueve México”, los sectores poblacionales de ingresos medio y altos utilizan el automóvil en 38 por ciento, mientras que, en los sectores de menores ingresos, es sólo de 11 por ciento. La inversión en transporte motorizado no es progresiva y tampoco es eficiente, pues en cada auto se trasladan 1.5 personas en promedio.
Los nuevos protagonistas de la movilidad en las metrópolis son los vehículos de aplicaciones digitales. En efecto, las apps de movilidad son usadas por 18 por ciento de los segmentos económicos más altos de la población y por 14 por ciento de la población en estratos medios y bajos. Este medio de transporte crece ante la ineficiencia o carencia de transporte público, mas no es una solución a las necesidades de movilidad.
El derecho a la movilidad, establecido en nuestra Constitución, abre la puerta para el ejercicio de otros derechos y empodera a la ciudadanía para reclamar mejoras y cambios sustanciales en la materia. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece responsabilidades claras a las autoridades para promover una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, incluyente y de calidad.
La movilidad es un derecho habilitador que permite ejercer otros derechos como la educación, la salud, el empleo y la cultura, especialmente para mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y personas mayores. Las políticas de movilidad, vivienda e infraestructura deben articularse en la promoción de calles seguras, transporte accesible y espacios públicos incluyentes. Hoy contamos con un gran reto para hacer realidad la seguridad vial, con estándares de conducción e infraestructura adecuados, que disminuyan los riesgos para todas las personas usuarias de la vía.
En el Día Nacional Sin Automóvil también es oportuno replantear la necesidad de una estrategia integral de desarrollo de la electromovilidad en nuestro país, frente a los efectos sobre la salud y el medio ambiente de los vehículos con motor de combustión interna. Con una estrategia que priorice el transporte colectivo y las flotas de servicio público, no sólo el auto eléctrico privado, se lograría una mejora sustancial de la calidad del aire, de la accesibilidad de las personas, así como el fortalecimiento de la industria.
Es comprensible que hoy muchas personas opten, si tienen la posibilidad, por un modo de transporte que consideran cómodo, eficiente y que les da estatus social, pero desde la responsabilidad de Estado necesitamos actuar para que otras alternativas de movilidad, desde la bicicleta hasta el transporte público masivo, resulten más atractivas, al ahorrar tiempo y recursos en la vida cotidiana.
