Cuando se hizo el anuncio de la construcción de tres nuevas cárceles, se argumentó la urgencia de resolver el hacinamiento de la población penitenciaria.
Pero cuando se dan a conocer más casos de presuntos delitos cometidos en el ámbito público y privado, los llamados de “cuello blanco”, empieza a tener sentido el construir más penales, dicho con ironía. Con la detención la madrugada del jueves del diputado federal desaforado Saúl Huerta Corona, ocurrida en CdMx, crece la lista de políticos presos.
Huerta, en lo particular, fue recluido en el Reclusorio Oriente de CdMx, pero no está exento de ser requerido por la justicia poblana porque existen demandas por abuso a otros menores en su contra.
De los políticos presos, en un breve recuento, basta citar los casos recientes del ex diputado federal y ex operador del gobierno morenovallista, Eukid Castañón, por el delito de extorsión; ahora está recluido en el penal de San Miguel.
Hay más figuras relevantes del círculo rojo tras las rejas. El más destacado es el ex gobernador Mario Marín, detenido en febrero en Acapulco, y desde esa fecha fue enviado a una prisión de Quintana Roo, de la que sus abogados aseguran saldrá en breve. Otros de los políticos del régimen marinista que pisó la cárcel de San Miguel fue Valentín Meneses Rojas, acusado por la Fiscalía General de Justicia por “fuga de reos” y conductas contra la procuración y administración de justicia.
Meneses pudo dejar la prisión y seguir su proceso en libertad con la protección de un amparo de la justicia federal y a los buenos oficios de su paisana tlaxcalteca, la gobernadora electa, Lorena Cuéllar.
Pero falta lo que está por venir, de consumarse las instrucciones de juzgados del Poder Judicial de Ciudad de México.
Un juez de CdMx giró órdenes de aprehensión contra el rector de la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, y los vicerrectores y la extendieron a los abogados que los representan en el litigio con la “nueva” fundación.
Además de ser un académico con una larga trayectoria en universidades, Derbez es un político militante del PAN y ex secretario del gabinete federal en Economía y en la cancillería mexicana. Derbez, su equipo cercano de colaboradores en la Udlap y sus abogados, son acusados de presuntamente desviar 200 mdp a través de empresas “fantasmas”, que dañaron el patrimonio de la fundación de la universidad privada; ahora, podrían ser los futuros “huéspedes” de las cárceles estatales.
Pero hay más: la alcaldesa poblana Claudia Rivera promovió con sus abogados juicios de los llamados amparos ante las órdenes de aprehensión en su contra por los juzgados de distrito segundo y quinto, relacionados con el presunto delito de desvío de recursos públicos.
Pablo Ruiz
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