Los mensajes y las representaciones que naturalizan la subordinación de las mujeres fue una de las violencias más frecuentes durante el pasado proceso electoral federal (2023 – 2024). Según el estudio “Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias” coordinado por ONU Mujeres México a través del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), ocho de cada diez candidatas fueron afectadas por esta violencia simbólica.
Otros de los resultados contenidos en el documento presentado en el marco del 73 aniversario del voto de las mujeres en México, muestran que, durante la campaña electoral, 96 de cada 100 candidatas de nivel legislativo reportaron haber experimentado al menos una forma de violencia, con proporciones casi idénticas en los niveles federal (95.3 por ciento) y estatal (95.9 por ciento).
Por tipos de agresión, la violencia psicológica fue reportada en casi todos los casos (95.1 por ciento), seguida de la violencia sexual (61.4 por ciento), la violencia económica (57.4 por ciento), el acoso sexual (16.5 por ciento) y la violencia física (15. por ciento).
Luego de la reforma que introdujo la paridad en 2014, las estrategias de exclusión de las mujeres del ámbito político cambiaron: violentar para obstaculizar su postulación resultó ineficaz dado que el incumplimiento de la paridad en la postulación invalidaba registros de otras candidaturas del partido. Es aquí donde la violencia política se reorienta, ahora, para controlar el ejercicio del poder de las mujeres y su autonomía.
No obstante, esta violencia generalizada tiene víctimas favoritas: las insubordinadas y empoderadas, es decir, aquellas candidatas que cuentan con experiencia en cargos de elección popular, con recursos políticos considerables, pero que carecen de un vínculo protector con la dirigencia partidista, ya sea por haberse revelado al sistema o por nunca haber estado sometida al mismo.
Esas mujeres con mayor autonomía política son las que más incomodan a un sistema patriarcal que mantiene el control político mediante prácticas que controlan quién accede al poder, condicionar cómo se ejercen los cargos y castigan a quien se niega a subordinarse como candidatas o durante su desempeño en el cargo de elección popular. Además, la violencia no se acaba cuando finaliza el proceso electoral, sino continúa en las instituciones donde las mujeres ejercen su cargo.
Aun cuando, se ha documentado violencia política de grandes dimensiones, en este y otros estudios, más del 80 por ciento de las víctimas no denuncian. Entre las principales razones de este fenómeno están las represalias al interior de su partido, el posible impacto negativo en su carrera política, así como la percepción de una protección institucional limitada y poco eficaz.
Sin duda, “Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias” aporta valiosos datos cuantitativos y cualitativos que tanto las instituciones electorales, como las fiscalías y demás instancias encargadas de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres deben traducir en decisiones y políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres insubordinadas a una vida libre de violencia.
