Los trágicos hechos ocurridos en la “Academia Militarizada de Marina Doenitz” que enlutaron a la familia de Dafne Zapata Quintos han puesto sobre la mesa el funcionamiento de escuelas de educación básica “militarizada”. Una modalidad que no existe en el sistema educativo mexicano, por lo que ninguna institución tiene autorización para incorporar prácticas disciplinarias propias de escuela militares, aun cuando su denominación así las identifique.
Sin duda, el personal directivo es el principal responsable de estas irregularidades; sin embargo, el servicio autorizado a particulares siempre está sujeto a supervisión por parte del Estado, a través de la Secretaría de Educación, la cual cuenta con una estructura conformada principalmente por las supervisiones escolares.
En Tamaulipas, al menos, dos planteles que están autorizados para brindar educación secundaria tienen denominación con connotación castrense: el Colegio Militarizado Cadete Juan Escutia (28PST0057U), con 37 estudiantes de secundaria, y la Academia Militarizada de Marina Doenitz (28PST0049L), con 14 estudiantes, las cuales están bajo la responsabilidad de las supervisiones escolares de las zonas escolares 13 y 5, respectivamente.
Precisamente por ello, el amplio debate en torno a este irregular funcionamiento cuestiona si las autoridades de la Secretaría de Educación podrían haber evitado esta tragedia. El Reglamento que regula la función supervisora en Tamaulipas no deja lugar a dudas: a las supervisiones escolares les corresponde la promoción y verificación del cumplimiento de los fines de la educación, comprobar que las escuelas funcionen conforme a la normatividad, realizar al menos cuatro visitas por ciclo escolar para orientar a directivos y docentes y reportar cualquier incidencia a la autoridad educativa.
Las supervisiones escolares no solo atienden funciones de escritorio, también deben observar cómo opera realmente cada plantel, revisar reglamentos internos, verificar prácticas disciplinarias y asegurar que la organización escolar respete la legislación educativa y los derechos del alumnado.
Con base en esto, cabe preguntar si la Supervisión de Secundarias Técnicas de la Zona Escolar 5, visitó la escuela, revisó el reglamento disciplinario de la “Doenitz”, detectó prácticas militares, emitió alguna recomendación e informó oportunamente a las autoridades superiores.
Si esas actuaciones existieron, corresponde darlas a conocer. Si no existieron, el problema ya no se limita a los planteles, sino que alcanza al propio sistema de supervisión educativa.
Conviene recordar, además, que dejar de cumplir las obligaciones que la ley le impone a una persona servidora pública genera responsabilidad por omisión. Reportar el irregular funcionamiento de una escuela que viola los derechos de niñas, niños o adolescentes es prevenir irregularidades antes de que produzcan consecuencias irreparables.
Por ello, no sólo se deben investigar los hechos y a la institución educativa, sino también la actuación de quienes tenían el deber de supervisarla para determinar si cumplieron con su responsabilidad de garantizar la legalidad del servicio educativo y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
