Al fin podremos dormir tranquilos: el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a poner “por escrito” su decisión de no reelegirse. La verdad ya estábamos preocupados creyendo que para llegar a la “cuarta transformación” había que aplastar la tercera, o sea la Revolución que tuvo por principio impedir la perpetuación del poder. Aunque los desplantes autoritarios del mandatario nos hagan recordar más seguido al PRI en sus etapas más hegemónicas, ¿quién sería tan mal malpensado como para sugerir que la “revocación” sería el preámbulo de una posible reelección? ¿Pues qué no saben que sólo el pueblo sabio es el que quita y pone? Para nada.
Claro que, como para celebrar los primeros “cien días”, se haya impuesto una ministra “carnal” en la Suprema Corte (imaginen que Peña Nieto hubiera dado cargo así a la esposa de Armando Hinojosa, constructor de la Casa Blanca); motivó que la Judicatura prohibiera a jueces, bajo sanción, “hablar mal del presidente”; sumó 18 programas sociales a su lista de “eliminados”; insistió en descalificar a la “prensa fifí” (aunque desde diciembre ofreció disculpas y dijo que no llamaría así a ningún sector periodístico) y agregó, en su intolerancia a la crítica, el señalamiento de “chayoteros” a reporteros y columnistas “disidentes”. Para acabar la semana conmemorativa, denunció -a través de Santiago Nieto- a empresas y empresarios involucrados, dijo, en la “campaña negra” en su contra por un documental acerca del populismo durante el proceso electoral pasado (nada de venganzas, “yo no odio”, dijo).
Pues bien, claro que cualquiera -no únicamente los adormilados partidos de oposición-, ve en la propuesta a nivel constitucional para instaurar la “revocación de mandato”, precisamente en y durante la jornada electoral federal del 2021, la intención primordial del actual gobierno: conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y, con la figura del Presidente (quizá para entonces todavía taquillera, a menos que se caiga México, lo cual nadie desea), para “arrastrar” nuevamente la votación hacia los candidatos de su partido. Es una estrategia simple y obvia, aunque se disfrace de la “austeridad” para no realizar dicha consulta pública oficializada en tiempos más equitativos, como por ejemplo la mitad exacta del Mandato. Así, ni quien pudiera cuestionar un acto que, de ser justo, sí podría significar un avance democrático.
Estas cuestiones no son nada nuevas en Jalisco. Hay que recordar que la “ratificación de mandato” que ha promovido en específico el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, tuvo su máxima expresión en agosto de 2017, cuando se convocó (sin carácter propiamente legal ni de organización imparcial o supervisión externa), a todo ciudadano que quisiera aprobar o rechazar la gestión en 28 municipios controlados por Movimiento Ciudadano. Entonces, la participación real rondó en Guadalajara y Zapopan escasamente en el 20 por ciento del Padrón y, curiosamente, en todas las localidades el voto aprobatorio fue “abrumador”, de alrededor del 80 por ciento. Buen ejercicio, sin duda, pero hay que decir las cosas como son, no fue más que una plataforma a manera de precampaña para el lanzamiento de quienes buscaban reelegirse o del mismo aspirante a la gubernatura. Y, pese a tan controvertido esquema, la estrategia, electoralmente les funcionó.
De ahí es que siguen las similitudes en acciones entre los gobiernos Federal y el del Estado pues utilizan y manipulan bajo la fachada de “Participación Ciudadana” acciones preconcebidas encaminadas a legitimar la continuidad en el poder. Sano sería que en los municipios gobernados por “el movimiento naranja” y piensen hacer este ejercicio, se definieran desde hoy las fechas para llevar esta ratificación justo a la mitad del periodo y así poder alejarlo del periodo electoral, indispensable para abonar a la incipiente credibilidad de estos instrumentos que hoy las personas no conocen, no se les invita, los esfuerzos del gobierno son limitados y la difusión es perversamente pobre.
¿Qué nos sorprende que López Obrador lo pretenda igual con la “revocación”, en favor de mantener el poder omnímodo y sin mayores contrapesos en el Poder Legislativo para la segunda mitad de su administración? Con una oposición tan debilitada y la suma de partidos afines y legisladores esquiroles, además del “sálvese quien pueda” de los organismos políticos bien conocidos por ser simples vividores del poder público, sería difícil pronosticar lo que pudiera pasar si, en vez de equilibrarse la balanza, empeorara y, entonces sí, las “mayorías absolutas” podrían hacer y deshacer lo que fuera con la Constitución y con lo que les diera la gana. Digamos que nuevamente el “pueblo sabio” pidiera la reelección, aunque, por sabido se da, Morena no soltará el poder y, entonces, tendremos una nueva dictadura de partido, con los candidatos que determine su “primer elector”. Sólo recuerden lo que hicieron Calles y Obregón, y saquen conclusiones de cómo lograron que un partido “revolucionario” prevaleciera durante setenta años.
Si se viera esto de la revocación y ratificación con honestidad (no la de palabra autoatribuida), serían instrumentos muy valiosos y reales. Quizá se vea “odiosa” la comparación, pero el venezolano Hugo Chávez Farías prometió al asumir el poder en 1999 “impulsar la transformación democrática” de su país. Luego, se reeligió tres veces, gobernó 14 años, y dejó sucesor.
miguel.zarateh@hotmail.com
Twitter: @MiguelZarateH
