No hay duda alguna. La Presidenta abriga un fuerte temor de los descalabros electorales posibles tras los señalamientos ocasionado por las y los gobernantes cuatroteístas que se encuentran en el descrédito. Bien sabe que las acusaciones a altos funcionarios de su partido y, de manera especial, gobernadores de alguna forma involucrados incluso con figuras delincuenciales como los cárteles y del hampa organizada en general, podrían echar por tierra las banderas morenistas de honestidad y probidad, un argumento que se ve ahora deslucido y hasta poco creíble en varios casos. Así que el único remedio es negar a ultranza, proteger y exculpar pese a las acusaciones principalmente del gobierno de los Estados Unidos.
Y, además, la Presidenta debe responder a su líder político, o sea su antecesor, en cuanto a no permitir que se efectúe alguna eventual extradición de quienes considera sus amigos o allegados. De esta manera, se ha apostado a dejar que sea el tiempo quien resuelva muchas cosas como la más que evidente situación del senador Adán Augusto López, sobre quien no se ha tocado un ápice la posibilidad bastante probable de haber por lo menos permitido la actividad de la “barredora” y su escalada criminal. Para la 4T bastó con removerlo del liderazgo de su grupo parlamentario, y ya. No ha pesado sobre él alguna investigación de oficio ni nada por el estilo.
Igual ha sido el caso del gobernador todavía con licencia de Sinaloa, a quien se defiende a toda costa pese a que los estadounidenses le han culpado directamente por proteger a los narcotraficantes de Sinaloa. Sobre él no hay más que el manto protector pero nada, absolutamente nada de investigaciones de la Fiscalía para conocer del asunto y dilucidar si tiene visos reales de fundamento. Y, así, podría hacerse mención a lo sucedido con la gobernadora de Baja California, quien implora el perdón para que le restablezcan su visa. Y no es que se muera por ir de “shopping” ni ganas de ir a Disneylandia sino porque ante los bajacalifornianos quedan muchas dudas de su honesto actuar, algo en extremo volátil para su condición y sus repercusiones en la siguiente elección.
Podríamos seguir con los demás casos conocidos pero esto va de la mano de la postura asumida por la Presidenta y sus empleados, como su “independiente” fiscal Ernestina Godoy. La única solución a todo el alud de acusaciones, la respuesta es una práctica acostumbrada desde tiempos inveterados: las cortinas de humo.
Además, dichas cortinas han ido acompañadas por acusaciones paralelas en contra de opositores. El mejor ejemplo es la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, cuya reclusión, faltaba más, ha sido confirmada por una judicatura que ya sabíamos está para dictar y sentenciar a modo. La verdad tampoco hay elementos para asegurar la inocencia de Ruffo pero el simple beneficio de la duda lo pone en una situación de preso político. La medida es claramente distractora de todo lo negativo en que ha incurrido el régimen y que podría extenderse no solo a las entidades involucradas sino a buena parte del país.
Si pudiera hacerlo, la 4T también tendría en la cárcel a la gobernadora de Chihuahua con una serie de delitos inventados y proclamados por la mismísima Presidenta, ya que Adán Augusto sigue pujando para que resulte “su” candidata Andrea Chávez. Ni pensar a qué más recurrirá el gobierno de la República para seguir lanzando sus cortinas de humo. Otros parecen irse cayendo solitos como el gobernador de Nuevo León aunque nadie sabe qué tanto impactará en su sucesión, así como la insistencia en que sea la esposa del gobernante. Sin embargo, a juzgar por lo que se ve, hay algo en que debe estar pensando la Presidenta: empieza a darse cuenta de que en realidad no hay partido invencible.
