Desde 2001, la Unión Europea firmó el acuerdo internacional contra la ciberdelincuencia, que busca combatir los delitos cometidos a través del internet.
Se trata de una legislación penal y de procedimientos comunes entre los países miembros del Consejo y los invitados a participar en el mismo.
A diferencia del continente americano, donde estamos en pañales, desde ese año existe un acuerdo sobre ciberdelincuencia cuya intención es atacar los delitos que en México todavía no se ponen de acuerdo los jueces y magistrados.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó formalmente el artículo 480 del Código Penal de Puebla, eliminando así la denominada Ley de Ciberasedio.
Esta decisión fue impulsada por el ministro Figueroa Mejía y aprobada por mayoría, cual se fundamenta en que la norma era ambigua y violaba el principio de seguridad jurídica.
La Corte determinó que términos como "vigilar" no definían con claridad qué conductas eran delictivas, lo que abría la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades y generaba incertidumbre en los usuarios de tecnología.
El pleno argumentó, además, que la ley incurría en una sobrelegislación, puesto que el delito de ciberacoso ya se encuentra debidamente tipificado en la entidad.
Aunque hubo posturas en contra, como la de la ministra Ríos Farjat quien defendía la norma como una protección necesaria ante agresiones digitales, el criterio prevaleciente fue que una ley penal no puede ser tan vaga como para poner en riesgo la libertad de los ciudadanos.
Con todo respeto para nuestros magistrados, existe un desconocimiento de la magnitud del crimen organizado, y el daño patrimonial que causa en nuestro país.
Por eso estamos como estamos. Con millones de víctimas en el ciberespacio, y no solo me refiero al daño patrimonial, sino a las afectaciones morales a las víctimas, que en muchas de las veces están en indefensión con criterios como el aplicado por estos señores.
