La semana pasada el diputado local morenista Fernando Sánchez Sasia, promovió una iniciativa para castigar de tres días a cuatro años de prisión a quienes por sí mismos o con algún medio material o transporte de carga, bloqueen, cierren, detengan, limiten o intercepten el tránsito en vías públicas.
De inmediato el gobernador Sergio Céspedes dijo no estar de acuerdo en criminalizar los bloqueos viales por protestas sociales, porque según dijo, respeta el derecho a la manifestación y la libre expresión.
En lo personal estoy convencido que las manifestaciones sociales tienen justificación, siempre y cuando se respeten los derechos de terceros, porque muchas de las veces son expresiones de impotencia ante la falta de atención de las autoridades.
Es decir, el origen en la mayoría de los casos, es por la incompetencia de los gobiernos para resolver problemas de los ciudadanos, que al no tener de otra salen a la vía pública a protestar.
El punto es que debemos distinguir entre aquellas que son legítimas, y las que son meramente chantaje para conseguir prebendas o beneficios a través de la extorsión como lo hacen algunas organizaciones sociales.
Antorcha Campesina es una de ellas. En días pasados acudieron a las oficinas de Agua de Puebla en Plaza del Sol y a las oficinas en San Manuel, para exigir a través de sus bloqueos que les pongan el servicio de agua y drenaje en sus colonias irregulares en el sur de la ciudad.
Durante algunas horas impidieron entrar o salir a la gente que de manera puntual paga su servicio, mientras estos señores quieren por la fuerza que les hagan caso, cuando ni están en su zona de cobertura, ni fueron legalmente establecidas, es decir, están fuera de la ley.
Todavía peor, después de ahí los que estaban en San Manuel ya se fueron a cerrar el Circuito y la 24 sur, donde violan de manera flagrante el derecho al libre tránsito de miles de automovilistas que además, no tienen vela en ese entierro como se dice coloquialmente.
Con todo respeto para el gobernador Céspedes, en ese caso, como en los linchamientos, debe aplicarse todo el peso del Estado para poner en orden a dirigentes vivales, y que abusan de la necesidad de la gente para sacarlos a la calle a cambio de un terreno o una despensa. Eso no se vale y esos corruptos seudolíderes sí deberían ir a la cárcel... se tenía que decir, y se dijo.
