Tras el rechazo de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender su iniciativa y aseguró que tener menos diputados y regidores a nivel nacional representaría un ahorro de al menos 4 mil millones de pesos.
Este jueves desde la mañanera fue más allá y citó el ejemplo del Ayuntamiento de Monterrey, donde señaló que hay un gasto exagerado por el número de los integrantes del Cabildo y que reducirlo sería en beneficio para la comunidad.
Según los datos de Sheinbaum son poco más de 33 millones de pesos los que dejarían de erogar si, como lo propone en su reforma, disminuye la representación de los partidos en el cuerpo edilicio regiomontano.
Llama la atención que la mandataria ponga sus ojos en la capital, la cual es gobernada por el PRI-PAN y donde el alcalde Adrián de la Garza es el más firme aspirante a la gubernatura en el 2027.
Dicen que en política no existen las casualidades, mucho menos por las señales que desde el centro del país siguen llegando. Hace casi un mes, la Auditoría Superior de la Federación envió un escrito donde ordena investigar una serie de contratos y convenios.
El oficio AEGF/0148/2026, dirigido a De la Garza Santos, pide el “cumplimiento forense” 1554 de las erogaciones realizadas con gasto federalizado del ejercicio 2025, sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Este documento viene firmado con fecha 18 de febrero, por el entonces auditor especial del gasto federalizado, Aureliano Hernández Palacios Cardel, recién electo titular de la ASF, y de quien se sabe es una persona muy cercana a la presidenta Sheinbaum.
Dos días después (20 de febrero a las 10:30 horas) lo reciben en la Oficialía de Partes del municipio de Monterrey y seguramente ambos involucrados tienen muy claro los tiempos para responder a cada una de las peticiones.
Lo relevante de la auditoría forense es que se trata de una investigación financiera a profundidad, donde se pide un análisis detallado de cada contrato, y menos del 1.5 por ciento son de este tipo, las cuales muchas veces terminan con responsabilidad legal.
Estos mensajes provenientes de la Ciudad de México son dignos de tomarse en cuenta, sobre todo si recordamos los antecedentes recientes en el municipio de Tequila, Jalisco, donde el alcalde morenista Diego Rivera terminó tras las rejas y la orden llegó desde el Palacio Nacional.
