En general, hay una impresión negativa de los organismos cuya función es preservar la seguridad de las personas y por la carencia de investigadores que persigan los presuntos delitos que se denuncian.
No significa que quienes conforman esos cuerpos sean malas autoridades, sino que quienes ejercen esas posiciones no son, en su mayoría, profesionales: no han recibido formación permanente, carecen de buen sueldo e incentivos para considerar su trabajo como una profesión.
La calidad de profesión que responda a las exigencias de una sociedad que requiere no sólo protección, sino también que las acciones que denuncian sean investigadas y perseguidas hasta dar con los responsables, y conforme a derecho, sean juzgadas y condenadas, según el proceso.
Pero la excusa ante el vacío judicial esgrime carencia de presupuesto, centros de investigación y otros recursos para dar con los presuntos delincuentes; por lo tanto, la mayoría de los delitos quedan en la limitación presupuestal que impide la profesionalización tanto de la policía, los agentes del Ministerio Público y los agentes policiacos.
Conociendo los procesos que practican en este campo en países avanzados que causan grata impresión, proporciona sensación de seguridad cuando un caso es denunciado ante la autoridad, la misma que asigna a un miembro del cuerpo de investigadores, el cual se da a la tarea de rastrear el caso hasta dar con la persona responsable.
Esos son equipos profesionales en los cuales la sociedad confía, evitando que ninguna persona llegue a “aplicar la ley por su propia mano” o, por lo menos, vea con desprecio a la autoridad.
¿Qué falta para llegar a esos niveles de profesionalismo? Presupuesto, en primer lugar, para atraer a personas con estudios a las diferentes secciones de la autoridad judicial, incluyendo el servicio de gendarmería o de policía de acercamiento, creando el sistema.
Pero la autoridad prefiere invertir en obras de lucimiento o que puedan mostrarse de relumbrón, muchas veces intrascendentes. Y mientras los ciudadanos ruegan a los Cielos no ser víctimas de la delincuencia desatada, pensando en armarse... haciendo valer “la ley del revólver”, como se observa en algunas poblaciones donde han surgido las autodefensas, lo cual es ilegal.
