Al revelar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investigación que involucra a políticos y empresarios de Quintana Roo ligados a la llamada Mafia Rumana dedicada a clonar tarjetas bancarias, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes y hoteleros y prestadores de servicios, inició el ataque frontal del gobierno federal para los que se han allegado de grandes cantidades de dinero de manera ilícita.
El lunes pasado, una información de inteligencia obtenida en exclusiva por un equipo de reporteros de nuestro diario y que se convirtió en una auténtica bomba político-periodística que traspasó las fronteras mundiales, dejó a la luz pública que el gabinete de seguridad del gobierno federal detectó que en la entidad quintanarroense, operaba una red de políticos de Morena, PRI, PVEM, PRD y PT, que protegen y tienen nexos con la mafia rumana, liderada por Florian Tudor, El Tiburón.
La red de protección precisó uno de los documentos elaborados por el gabinete federal, están involucrados los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, así como diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad.
En la develación del informe confidencial se precisó que a finales de octubre del año pasado, el gabinete de seguridad en colaboración con las dependencias estadounidenses de la DEA y el FBI, descubrió que Tudor, -conocido también como Rechinu- logró entrelazar, en 14 estados de la República Mexicana, una red de funcionarios y empresas fantasma con lo cual lograron “lavar” y desviar cientos de millones de dólares para su pecunio.
Otro de los acusados por lavado de dinero es José Luis Jonathan Yong Mendoza, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública de Cancún en el trienio de Remberto Estrada y quien está propuesto por Morena como candidato a una diputación federal.
En la lista de nexos del rumano quedaron también al descubierto políticos del Partido Verde en ese estado: José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado local en Quintana Roo, así como Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos.
En el informe están involucrados los ex alcaldes de Benito Juárez (Cancún) Remberto Estrada Barba, del Partido Verde y Gregorio Greg Sánchez, del desaparecido Partido Encuentro Social, acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, por la compra de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares y que pagó en efectivo.
También el expediente de inteligencia de la DEA y el FBI dejó al descubierto que cuando Félix González Canto era Jefe del Ejecutivo estatal, de 2005 a 2011, iniciaron las operaciones de la mafia rumana en 2007.y por ello fue investigado por la UIF por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se informó que la Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de fondos públicos por más de 20 millones de pesos.
De igual forma, Roberto Borge Angulo, también ex gobernador del PRI, preso desde hace tres años en un penal en Ayala, Morelos, por daño patrimonial a Quintana Roo, dio protección policíaca a Florian Tudor para que continuara con sus operaciones ilícitas.
Otra de las partes fundamentales del informe precisa que otros ex funcionarios gubernamentales se encuentra Pablo Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo, detenido en Miami en 2019 por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo, confesó tras su detención en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios.
Asimismo, la DEA lo identificó como el enlace de Cancún-Rumania en el tráfico ilícito de sustancias y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Marco A. García Granados
